El desahucio de Maricarmen, de 87 años, abre otra brecha en el seno del Gobierno

Al cuarto intento y pese a una gran oposición, Maricarmen ha sido expulsada de la vivienda donde ha residido durante 70 años, desde que tenía 17.

El edificio, en la calle del Alcalde Sainz de Baranda, 46 (distrito de Retiro), fue adquirido a una inmobiliaria en 2020 por el fondo Urbagestión Desarrollo e Inversión S.

L., y desde entonces buscaba que la anciana abandonara la casa.

El viacrucis de esta mujer , con una discapacidad severa del 50%, operada de la cadera y con movilidad reducida, culminó este miércoles con el lanzamiento, aprobado por el Tribunal Supremo; y ha abierto otra guerra política no solo entre el Gobierno y el Partido Popular, sino en el seno del propio Ejecutivo central.

Miembros de Sumar han exigido que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez (PSOE), dimita si no es capaz de «expropiar» el piso y mantener allí a la mujer, que ha tenido que ser trasladada al hospital Gregorio Marañón tras ser sacada en camilla del domicilio .

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha exigido que el Consejo de Ministros incluya el próximo martes el Real Decreto Ley de Vivienda y ha afirmado que el PSOE «no puede seguir dilatándolo más».

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha instado incluso a Sumar a salir de la coalición con los socialistas: «No se puede mantener la presencia en un Gobierno si no es para hacer el máximo esfuerzo para enfrentarnos a los fondos buitres, para enfrentarnos a los grandes propietarios, para acabar con el rentismo y la especulación y proteger un derecho tan básico y esencial como es el derecho a la vivienda».

Desde Izquierda Unida, más de lo mismo.La secretaria de Estado de Vivienda, Leire Iglesias, manifestó que desde el ministerio habían intentado incluso comprar la vivienda a Urbagestión y que se ha intentado mediar hasta el último momento para evitar el desahucio de Maricarmen, sin que la empresa cediera.

También una escritora conocida, aunque prefiere mantenerse en el anonimato, se ha ofrecido a pagar el alquiler a la anciana.

El fondo había subido el alquiler de los 500 euros que venía abonando, tras los respectivos incrementos del IPC y el abono del IBI, a 1.650.

La inquilina cobra 1.450 euros de pensión.

Pese a la interpelación de sus socios, la ministra Isabel Rodríguez ha ido en otra dirección y ha optado por responsabilizar del lanzamiento a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

A su juicio, la popular es la culpable de este hecho por poner «alfombra roja» a los fondos como el que ha adquirido la casa en la que Maricarmen vivía hasta ahora con un alquiler de renta antigua.