Marchena entra en campaña contra Pumpido y provoca una guerra total entre el Supremo y el Constitucional
La aplicación total de la amnistía a los líderes del procés independentista catalán se ha ido desarrollando durante la última semana, después de que el Tribunal Constitucional resolviera conceder también el perdón al delito de malversación.
El órgano de garantías, con su presidente progresista, Cándido Conde-Pumpido, a la cabeza, dedicó en su texto varios reproches al Supremo por haber retrasado dos años la aplicación de la ley aprobada por el Gobierno.
El Alto Tribunal aplicó de inmediato la doctrina al expresident Carles Puigdemont y el resto de líderes nacionalistas, pero no sin adentrarse en una guerra entre instancias sin precedentes.
La tensión ha tocado techo este martes, con el auto del magistrado conservador del Supremo que dirigió el juicio del procés en 2018.
Manuel Marchena declaró extinta la responsabilidad penal de los exconsellers condenados Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Jordi Turull y Raül Romeva; aplicando la doctrina fijada por el Constitucional la semana anterior con Dolors Bassa.
Pero más allá de esta decisión histórica, que coincide -aunque estaba ya previsto anteriormente- con el arranque de la campaña electoral para el 29 de noviembre, Marchena declaró en su texto la guerra al tribunal de Conde-Pumpido, al que criticó por la forma en la que ha aplicado la Ley de Amnistía a los independentistas.
Los ataques del Supremo al Constitucional: "Innecesaria grandilocuencia" El tono entre ambos tribunales venía en aumento desde que el juez de la Sala de Lo Penal del Supremo, Pablo Llarena -el instructor del procés-, levantó la orden de detención contra Puigdemont, nada más fijar doctrina el Pleno del Constitucional sobre Bassa, con los votos a favor de sus siete miembros progresistas -incluido Conde-Pumpido, y en contra de los cinco conservadores.
El magistrado acusó al órgano de garantías de falta de "mesura".
Marchena, ponente de la resolución de este martes, ha ido más allá, y ha señalado directamente una "injerencia" del Constitucional en el Supremo.
En concreto del "grupo mayoritario", es decir, de los jueces progresistas, al que acusa de haber "ensanchado hasta límites históricos" sus funciones.
La "capacidad revisora de interpretación" del tribunal, recogida en la ley, dicen, "está desdibujando el diseño que quisieron los constituyentes de 1978".
El Supremo se reivindica como una sala de "jueces independientes, inamovibles, responsables ante la ley", frente a los del Constitucional, "quienes sin esas garantías y durante un período temporal cerrado de 9 años se ocupan de preservar las garantías constitucionales".
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