Tres CCAA de PP y Vox priorizan el racismo al trabajo y rechazan asistir a la reunión sobre los menores de Ceuta

Los gobiernos de coalición del Partido Popular (PP) y Vox en tres Comunidades Autónomas (CCAA) reniegan de ejercer sus funciones.

Pese a ser elegidos por la ciudadanía para cumplir con sus obligaciones públicas y de ostentar las competencias en materia de Infancia y Adolescencia, los vicepresidentes de Extremadura, Castilla y León y Aragón no asistirán a la Conferencia Sectorial convocada por la ministra Sira Rego, en la que se abordará la situación de los menores migrantes que se encuentran en Ceuta y se abordarán soluciones coordinadas.

Desde que, el pasado 30 de julio, estallase la crisis migratoria, que posteriormente ha derivado en una crisis humanitaria, las dos formaciones se han dedicado a sembrar el miedo y la desinformación, a la par que han criticado no conocer los pormenores de la situación y han puesto el grito en el cielo porque no se procediese como consideran que corresponde.

Sin embargo, en cuanto se les ha citado para aportar su opinión y posibles abordajes para enfrentar la problemática, el tándem ultraderechista ha optado por la dejación de funciones.

Los vicepresidentes Carlos Pollán, de Castilla y León; Óscar Fernández, de Extremadura; y Alejandro Nolasco, de Aragón, darán plantón al Ministerio de Infancia y Adolescencia este jueves, pero han anunciado que impugnarán todo reparto de menores migrantes, pese a ni siquiera presentarse a la reunión a exponer formalmente su postura.

Si bien pretenden que, aunque renieguen de ejercer el trabajo por el cual cobran un jugoso sueldo público, pretenden que conste en acta su veto expreso "a cualquier reparto de menas" desde la ciudad autónoma "hacia cualquier parte del territorio nacional".

Los números dos de las tres regiones, todos ellos de Vox, rechazan los 25 millones de euros que el Gobierno central quiere destinar a la ciudad autónoma para poder asumir el cuidado de los menores, anunciado estos días, e insisten en que la única solución que contemplan es la repatriación de los niños y niñas, pese a que la normativa española y europea prohíbe este proceder.

No obstante, los ultras insisten en que cumplir la legislación "carece de fundamento" y "dificulta materialmente la localización de sus progenitores".

Más allá de los 25 millones de euros para Ceuta, durante la Conferencia también se propondrá incluir un punto informativo y de debate sobre la atención de los menores migrantes no acompañados de Ceuta, que tendrá que votarse.

El objetivo, según fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, es añadir un punto amplio sobre todas las cuestiones relativas a la infancia, incluida la propuesta de derivar a 500 niñas de la ciudad autónoma a la Península.

Extremadura, Castilla y León y Aragón no podrán tampoco pronunciarse ni emitir voto sobre esta materia.