El cierre, entonces definitivo, de la mina de Aznalcóllar

En Aznalcóllar, hace justo un cuarto de siglo, nadie tenía ganas de feria.

Veinticuatro horas antes de que dieran inicio las fiestas en el pueblo, la empresa sueca Boliden vertió un contenido tan tóxico como el que había inundado el preparque de Doñana el 25 de abril de 1998 con la rotura de la balsa de residuos mineros: el anuncio de que cerraban la mina y despedían a los 425 trabajadores en activo enfangó las esperanzas de toda la comarca.

El miércoles 5 de septiembre de 2001, la noticia cayó como una bomba en Aznalcóllar: en quince días cerraba la mina, que había suspendido pagos justo un año antes para defenderse de las reclamaciones por el vertido tóxico de 1998.

Primero abandonarían la planta 349 trabajadores el día del cierre; al mes, otros 27; y el resto, en un plazo de entre tres y seis meses.

El reloj iniciaba entonces una fatídica cuenta atrás hasta el 29 de enero de 2002, día oficial del cierre del yacimiento pirítico.

Los suecos de Boliden habían tanteado a otras multinacionales de la minería metálica como los australianos de Murchison, los británicos de Navan Mining o los proveedores de materias primas Trafigura pero fueron los canadienses de Breakwater los que más lejos llegaron con la oferta de compra de activos en Aznalcóllar.

Hasta que a la vuelta del verano de 2001 se anunció que «la mina es interesante, pero no puede entrar», según recogía el periódico la versión facilitada por el portavoz de Boliden.Las reacciones no se hicieron esperar.

Al día siguiente, la Junta de Andalucía -a la que se le había reactivado la crisis en Santana Motor de Linares- anunció una batería de medidas para que «no haya pérdida de empleo ni de renta».

Así, el consejero Viera se mostró dispuesto a incentivar con «un millón [de pesetas] por trabajador a las empresas que recoloquen a los empleados de la mina».La reapertura de la mina se ve más cercana en el horizonte aunque se anuncia para 2029, más o menos, después de un calvario judicialLa 'pax chaviana' llegó a Aznalcóllar apenas un día antes del atentado de Nueva York.

Desde las cinco de la tarde hasta las nueve de la noche negociaron Administración autonómica, sindicatos y comité de empresa hasta que los trabajadores aceptaron el plan de la Junta que habían puesto sobre la mesa Antonio Rivas, Javier Guerrero y Jesús Nieto, luego tristemente famosos por sus enredos judiciales a cuenta de los expedientes de regulación de empleo.

En Aznalcóllar, en aquellos días de septiembre, no se hablaba de ERE sino de poner el contador a cero para que los despedidos pudieran contar con 24 meses de prestación por desempleo ya que muchos de ellos las habían agotado con la agónica crisis de la explotación minera que siguió al vertido tóxico de 1998.