El Supremo ordena suspender el voto de 163.020 españoles pese a que el Gobierno lo considera “materialmente imposible”

El Alto Tribunal exige a la Administración preservar la “pureza” de las elecciones, mientras el Ejecutivo alerta de que no hay tiempo para revisar los expedientes que los jueces han puesto bajo sospecha El Supremo mantiene la suspensión del derecho a voto de los nacionalizados por la ley de nietos La confirmación por parte del Tribunal Supremo de que suspende el derecho al voto para las próximas generales a más de 160.000 españoles que se acogieron a la ley de nietos plantea la incógnita de cómo aplicar en tiempo récord una medida inédita.

El auto conocido este lunes ratifica las medidas cautelares dictadas en septiembre, antes del adelanto electoral.

Y determina que de este colectivo sólo podrán votar el próximo 29N quienes cuenten con un certificado de la autoridad consular que acredite que aportaron documentos del exilio de sus antepasados para acceder a la nacionalidad.

Quedan fuera, por tanto, quienes recurrieron a la instrucción que presume la condición de exiliado para todos los españoles que salieron del país entre 1936 y 1955 y sobre la que ha puesto el foco el Supremo.

La resolución abre un choque institucional de consecuencias imprevisibles porque su ejecución exige realizar un complejo trabajo burocrático sin apenas margen de tiempo.

El Gobierno lleva semanas advirtiendo de las “dificultades” existentes e incluso de la “imposibilidad material” de ejecutar una orden que supone revisar miles de concesiones de nacionalidad.

Pero la única respuesta que ha encontrado por parte del Alto Tribunal es la exigencia de que cumpla su mandato para blindar la “pureza del proceso electoral”.

En el centro de la controversia se sitúan 163.020 electores que ya figuran inscritos en el CERA [el censo de los españoles que residen de forma permanente en el exterior] y que accedieron a la nacionalidad a través de la ley de nietos, la norma que abrió la puerta de la nacionalidad a un mayor número de descendientes de quienes huyeron de la Guerra Civil o se exiliaron durante la dictadura franquista.

Los jueces establecen que estos ciudadanos solo podrán votar si los cónsules expiden una “certificación acreditativa” que demuestre que sus antepasados sufrieron persecución política.

Quienes no dispongan de ese documento emitido “bajo responsabilidad” del funcionario consular, no podrán hacerlo.

Pero la cuestión es que la mera inclusión en el CERA no permite, por sí sola, establecer si un elector se encuentra afectado por la suspensión decretada por los jueces del Supremo.

Durante el procedimiento, la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares ha emitido informes en los que detalla la complejidad de hacer esa distinción.