El Supremo rechaza anular las condenas de Ábalos y Koldo García, que podrán pedir amparo al Constitucional

El Tribunal Supremo ha rechazado anular las condenas de José Luis Ábalos y Koldo García .

Ambos presentaron incidentes de nulidad contra la sentencia que impuso al exministro una pena de 24 años de cárcel y, a su exasesor, otra de 19 años y medio de prisión.

La Sala de lo Penal los ha desestimado y deja así la vía libre para que Ábalos y García pidan amparo al Tribunal Constitucional , con la aspiración de que les de la razón y anule la sentencia del Supremo.

Las defensas del exministro de Transportes y su mano derecha denunciaron ante el propio Supremo que la resolución de este tribunal vulneraba una larga derecha de derechos fundamentales.

Fue un paso previo imprescindible para acudir al Constitucional.

Ábalos alegó que se ha visto comprometido su derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, su derecho a la defensa y a un proceso con todas las garantías y su presunción de inocencia.

Entre sus principales alegaciones están la reivindicación de que se le ha investigado policialmente cuando aún era diputado , o la denuncia de que no ha podido acceder íntegramente a las evidencias digitales obrantes en la causa.

El escrito de su letrado, Marino Turiel, contenía múltiples alusiones a la existencia de una "investigación prospectiva" y pruebas de "origen viciado".

La defensa denunció igualmente que se hubiera "premiado" a Víctor de Aldama por confesar y que se hubiera dado valor a sus acusaciones "sin corroboración externa suficiente".

La letrada de Koldo García, Leticia de la Hoz, expuso alegaciones muy similares.

Tanto las acusaciones populares como la Fiscalía y la defensa de Aldama pidieron a la Sala que ambos incidentes de nulidad fueran desestimados.

Otra de las principales cuestiones que Ábalos a relucir está relacionada con la competencia del Tribunal para enjuiciarlo.

El caso Koldo nació en la Audiencia Nacional —donde se sigue instruyendo—, pero el Supremo asumió una parte cuando estimó que algunos hechos delictivos se podían atribuir a un aforado, José Luis Ábalos.

El exministro decidió mantener el acta de diputado durante la investigación, pero la abandonó al final, cuando ya se había dictado el auto de procesamiento y el de apertura de juicio.