La Fiscalía de Ceuta ve una posible "relación causal" entre las "omisiones" del delegado del Gobierno y los fallecimientos en la frontera

La Fiscalía de Ceuta considera procedente investigar al delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ante "la eventual omisión de medidas que pudieran haber resultado necesarias para prevenir o evitar" los fallecimientos de inmigrantes durante el traspaso masivo de la frontera con Marruecos a finales de julio.

Así lo expuso la fiscal de Ceuta Silvia Rojas en un escrito del pasado 9 de septiembre, aportado en la causa iniciada en el Juzgado de Instrucción número 3 de la ciudad autónoma en relación a las muertes que se produjeron los días 30 y 31 de julio.

Esta es una de las apreciaciones que realizó la fiscal ceutí en el escrito en el que apoyó que el juzgado se inhibiera en favor de la Audiencia Nacional, donde la magistrada María Tardón ya ha aunado el resto de causas sobre lo sucedido en Ceuta.

Ahora que los juzgados ceutíes se han inhibido, la magistrada instructora María Tardón lidera la investigación en todos sus ángulos: los fallecimientos en la frontera, la planificación del "ataque a la integridad territorial" de España y la actuación de España frente a las alertas previas a la llegada masiva de inmigrantes.

De modo que serán la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la propia María Tardón quienes deban decidir si se debe investigar penalmente al delegado del Gobierno dada su reacción a la alerta emitida por el CNI el 29 de julio, en la víspera de la llegada masiva de personas migrantes a la ciudad autónoma.

El fiscal encargado de la causa que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional es Jesús Alonso Cristóbal.

En cualquier caso, el escrito de la fiscal Silvia Rojas es el primero en el que un miembro de la Fiscalía se pronuncia en términos tan contundentes sobre la posible responsabilidad penal del delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano.

Rojas elaboró su escrito tras recibir el auto de la Audiencia Nacional en el que María Tardón avanzaba que habría que investigar la reacción "dentro del territorio español, en relación con la información y alertas" de lo sucedido en Ceuta.

La fiscal ceutí explicó que, dado este razonamiento de la magistrada, procedía remitir la causa del juzgado de la ciudad autónoma a la Audiencia Nacional, dado que las denuncias investigadas allí ya se referían a la actuación de Pérez Triano.