La factura climática ya está aquí: Europa empieza a pagar con sus presupuestos décadas de retraso

España registra 254.730 hectáreas quemadas hasta el 17 de agosto de este año

La emergencia climática tiene una contabilidad propia. Carreteras y viviendas que reconstruir, cosechas perdidas, negocios obligados a cerrar, redes eléctricas sometidas a temperaturas para las que no fueron diseñadas, hospitales que atienden más pacientes durante las olas de calor y administraciones que movilizan bomberos, militares y protección civil. Durante años, buena parte de ese gasto pudo registrarse como una anomalía. Un incendio, una inundación o una sequía especialmente grave eran episodios extraordinarios. La acumulación de fenómenos extremos está haciendo cada vez más difícil mantener esa categoría.

Reuters ha puesto este martes cifras a esa transformación : los daños climáticos comienzan a aparecer como una presión cada vez más habitual sobre las cuentas públicas europeas, precisamente cuando los gobiernos afrontan simultáneamente mayores necesidades de gasto en defensa, pensiones, sanidad e infraestructuras. El problema no es únicamente que cada catástrofe cueste dinero, sino que empiezan a repetirse con suficiente frecuencia como para dejar de ser acontecimientos presupuestarios aislados .

La fotografía acumulada permite medir la dimensión del fenómeno. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), los acontecimientos meteorológicos y climáticos extremos causaron pérdidas económicas por unos 822.000 millones de euros en la Unión Europea entre 1980 y 2024 . Además, los cuatro últimos años incluidos en la estadística estuvieron entre los cinco más costosos de toda la serie.

La distribución de los daños también importa. Las inundaciones representan alrededor del 47% de las pérdidas , las tormentas cerca del 27% y las olas de calor casi un 18%, según la AEMA. Pero hay otra cifra especialmente relevante cuando se traslada el problema a las cuentas públicas: gran parte de las pérdidas no está asegurada . En muchos países europeos más de la mitad de los daños queda fuera de la cobertura privada y en algunos casos el porcentaje sin asegurar supera ampliamente el 90%.

Eso significa que una vivienda destruida, una carretera dañada o una empresa paralizada no se convierten automáticamente en gasto público, pero sí aumentan la presión política para que el Estado intervenga. Ayudas directas, exenciones fiscales, reconstrucción de infraestructuras o compensaciones extraordinarias terminan absorbiendo una parte de la factura.

Francia ofrece estos días un ejemplo. Después de los grandes incendios del verano, el Gobierno ha anunciado 12 millones de euros para municipios que deben realojar a personas cuyas viviendas han quedado destruidas , además de beneficios fiscales para empresas afectadas, especialmente en zonas dependientes del turismo. Solo las recientes olas de calor francesas podrían ocasionar entre 10.000 y 15.000 millones de euros en costes directos e indirectos , según estimaciones citadas por el Gobierno francés.

España conoce bien esa mecánica. Reuters señala que la reconstrucción posterior a las graves inundaciones de 2024 supondrá aproximadamente un 0,7% del PIB español entre 2024 y 2026 .