El PSOE-A impugna ante la Mesa del Parlamento la "motosierra" de PP y Vox para reformar por la vía rápida y sin debate la Cámara de Cuentas

Este miércoles la actualidad parlamentaria en Andalucía ha estado marcada por una decisión de última hora -en todos los sentidos- tomada por PP y Vox.

Los grupos políticos que forman el gobierno de coalición en la Junta de Andalucía introdujeron un escrito en el Parlamento el pasado viernes a última hora para modificar, por la vía de urgencia, una artículo de la Ley de la Cámara de Cuentas, a través de la cual pretendían eliminar la proporcionalidad de los Grupos Parlamentarios en la elección de sus representantes en el órgano de fiscalización.

De este modo, en la renovación que hay que hacer de los consejeros el próximo enero, la derecha y la ultraderecha continuarían teniendo la mayoría para tomar decisiones políticas.

Con el artículo que pretenden eliminar, vigente desde hace 37 años, la perderían.

Esto ha provocado un choque político importante, sobre todo porque se entiende como una medida que hace "retroceder 60 o 70 años", en palabras de la portavoz adjunta del PSOE-A, María Márquez, ya que reduce la capacidad plural del órgano y monopoliza sus decisiones.

Concretamente, en las directrices que emanen de las personas que ahí les han colocado; en vez de formar una composición plural y que represente los mismos intereses que el propio Parlamento.

Ante esto, el PSOE andaluz ha registrado dos escritos a la Mesa del Parlamento andaluz.

El primero de ellos, para frenar la iniciativa de los conservadores.

De este modo, los socialistas han denunciado que la urgencia y el momento elegido no responden a una necesidad institucional sobrevenida, sino a un cálculo coyuntural y político.

En 2027 expira el mandato de cuatro de los siete consejeros actuales.

Con las reglas de proporcionalidad vigentes, la previsible incorporación de una propuesta de Adelante Andalucía restaría al PP uno de los puestos que controla en la actualidad.

Ante este escenario, el PSOE sostiene que los socios del Gobierno autonómico pretenden "cambiar las reglas del juego" de forma precipitada y arbitraria para preservar su actual distribución de poder.

Apoyándose en una reciente doctrina del Tribunal Constitucional, el PSOE advierte de que acortar los plazos de estudio y enmienda para la oposición sin una justificación material sólida vulnera el 'ius in officium' de los diputados.

Asimismo, exigen que la Mesa recabe un informe previo de los Servicios Jurídicos de la Cámara al advertir que la reforma, al afectar a una institución básica de la Junta, podría vulnerar la reserva de aprobación por el Pleno exigida por el artículo 108 del Estatuto de Autonomía.