El Tribunal de Cuentas retrasa la aplicación de la amnistía por los fondos del 'procés' pese al aval del TJUE

El Tribunal de Cuentas ha vuelto a retrasar la aplicación de la ley de amnistía a los 35 encausados por presunto desvío de fondos públicos para la realización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 con el rechazo a los recursos que presentaron, entre los cuales se encuentran los de los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas o el del líder de ERC, Oriol Junqueras, y la apertura de un nuevo plazo de alegaciones.

En el auto notificado el pasado jueves, el órgano fiscalizador desestimaba los reclamos de que hiciera efectiva de forma inmediata la norma tras el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 16 de julio.

De esta manera, la consejera del Departamento Segundo de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, Elena Hernáez, encargada de juzgar el desvío de fondos públicos por parte de los dirigentes del procés para el referéndum del 1-O y la promoción internacional del independentismo desde 2011 hasta 2017, concedía un nuevo plazo para que las partes se pronunciasen por segunda vez tras la resolución del TJUE.

En esta ocasión, la magistrada daba cinco días que, en caso de que no haya habido ningún incidente en las notificaciones, deberían finalizar entre este martes y este miércoles.

Entre las partes, se encuentra la plataforma Societat Civil Catalana, que ejerce como acusación particular en el caso, que sostiene que los fondos desviados sumaban 5,4 millones de euros frente a los 3,1 millones que les solicitaba la Fiscalía antes de la ley de amnistía.

Mientras que el ministerio público se mostró a favor de estimar las alegaciones presentadas por los encausados, la entidad impugnó los recursos.

Actualmente, Societat Civil Catalana es la única de las partes en contra de la aplicación de la norma.

En su sentencia del pasado mes de julio, el TJUE resolvía la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Cuentas en julio de 2024, avalando la aplicación de la ley de amnistía, alegando que esta no va en contra de los intereses financieros de la Unión Europea (UE).

Desde el punto de vista de los magistrados europeos, la norma "no ha podido ocasionar una reducción de los recursos propios de la Unión".

Tras el pronunciamiento de la justicia europea, acordó reanudar la tramitación del procedimiento que había estado suspendido durante dos años y, entonces, concedió a las partes diez días para presentar alegaciones.

Según defiende Hernáez, la apertura ahora de un nuevo plazo de alegaciones para consultar otra vez a las partes "ni incumple ni resulta contraria ni incompatible con los pronunciamientos" de la justicia europea.