El polvorín de Ceuta se inflama: los militares piden al Gobierno poder hacer uso de la fuerza y la Guardia Civil exige "mano dura"

La crisis migratoria en Ceuta se está cronificando y la tensión va en aumento cada día sin que el Gobierno haya logrado encauzar la situación.

Entre 8.000 y 10.000 inmigrantes ilegales continúan malviviendo en las calles de la ciudad autónoma en condiciones precarias y algunos de ellos han comenzado a protagonizar incidentes violentos contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, mientras los hurtos, robos y otros delitos siguen creciendo.

Enfrente, grupos de vecinos cansados de la situación también han comenzado a crear incidentes, como los ocurridos durante la madrugada de este jueves, cuando decenas de ceutíes intentaron desmantelar por la fuerza los campamentos de inmigrantes instalados en la playa del Trampolín y obligaron a la Policía a realizar disparos disuasorios para dispersarlos.

El Ministerio del Interior ha desplegado a más de 400 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil para garantizar la seguridad ciudadana en Ceuta, y Defensa también ha movilizado al Ejército , que realiza labores de apoyo y disuasión.

Sin embargo, tanto militares como agentes denuncian que apenas tienen margen de maniobra para atajar la creciente violencia en la ciudad.

La gota que ha colmado el vaso ha sido el ataque que sufrió este jueves de madrugada un vehículo de las Fuerzas Armadas en la zona de Benzú, donde cuatro militares resultaron heridos tras ser apedreados por una treintena de inmigrantes, que les tendieron una emboscada.

Doce de los agresores, todos de nacionalidad marroquí, han sido detenidos, pero varias asociaciones militares han denunciado la "desprotección" que sufren los miembros de las Fuerzas Armadas, que tienen muy limitada su capacidad de respuesta al no tener competencias para ejercer funciones de seguridad ciudadana.

En ese sentido, la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha pedido al Gobierno que permita a los soldados hacer uso de la fuerza "proporcionada" ante situaciones de "desprotección".

Y recuerda que los militares, en la práctica, carecen de un marco claro que les permita ejercer la fuerza con los medios adecuados y de forma proporcionada cuando se producen agresiones o situaciones de riesgo inminente para su integridad física o la de terceros.

Así, ha exigido garantizar que los soldados puedan usar la fuerza en situaciones de legítima defensa, al amparo del artículo 20.4 del Código Penal y a los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad.

También pide clarificar el marco jurídico y operativo de actuación de las Fuerzas Armadas cuando prestan apoyo a las fuerzas de seguridad para evitar la actual "ambigüedad" que genera inseguridad jurídica y "pone en riesgo" a los efectivos.