La Fiscalía pide cárcel para el alcalde de Almonte por difundir una conversación privada del regidor de Bonares
La Fiscalía de Huelva ha elevado ante la Audiencia Provincial escrito de acusación, al que ha tenido acceso este periódico, contra el alcalde de Almonte, Francisco Bella , y la delegada de Urbanismo del Consistorio almonteño, María Victoria Cáceres, para los que pide penas de cárcel por delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
Las víctimas en esta historia, más propia de una película de ficción, es el alcalde de Bonares, el socialista Juan Antonio García, y el edil socialista de Almonte, José Miguel Espina.
El primero fue quien presentó la denuncia hace dos años.El Ministerio Público solicita cuatro años y medio de prisión para Cáceres y tres para Bella, tal y como ha informado Huelva24 ; lo que complica la situación judicial de ambos políticos en un momento muy complicado en la política local de Almonte donde Bella gobierna en minoría y sin apenas apoyos en el pleno.Huelva24 destapó lo ocurrido durante un pleno de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS), celebrado el 8 de febrero de 2024.
La sesión fue grabada en televisión y las imágenes colgadas en internet.
La Fiscalía pone de manifiesto en su escrito que aún pueden visionarse.
En ellas se ve cómo María Victoria Cáceres se encuentra sentada detrás del alcalde de Bonares Juan Antonio García quien en un momento dado comienza a escribir mensajes de whatsapp .
Según detalla la Fiscalía, la delegada de Urbanismo «se percató de la conversación» que mantenía García con el concejal del PSOE de Almonte José Miguel Espina.«A sabiendas de que los implicados en dicha conversación desconocían que la acusada se estaba inmiscuyendo en el contenido de la misma y en ningún caso había sido autorizada para su visualización o captación, extrajo su propio terminal telefónico, abrió la aplicación de la cámara y haciendo uso del zoom de la misma, fotografió la pantalla» del terminal del alcalde de Bonares.Para el Ministerio Público el alcalde, a sabiendas de que estaba difundiendo información privada, lo hizo para menoscabar el prestigio y la imagen pública del concejal socialista José Miguel EspinaEn dicha conversación, García explicaba al edil socialista cuál era la propuesta que había remitido su Ayuntamiento al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que en ese momento estaba estudiando el reparto de fondos para los municipios afectados por el Plan Doñana.
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