La Junta presenta alegaciones al decreto de centros de datos y alerta de su impacto en inversiones como Meta

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado diez alegaciones al proyecto de Real Decreto sobre centros de datos impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez para reclamar cambios que permitan compatibilizar las exigencias de sostenibilidad con la seguridad jurídica y la protección de inversiones ya avanzadas.

Entre sus principales preocupaciones se encuentra el posible impacto sobre proyectos como el de Meta en Talavera de la Reina, cuya tramitación podría verse dificultada por las nuevas condiciones planteadas.

La portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, ha explicado que Castilla-La Mancha comparte los objetivos de eficiencia energética y protección de los recursos naturales que persigue la norma, pero considera necesario revisar determinados aspectos del borrador.

La Junta reclama una regulación "exigente, jurídicamente segura y territorialmente justa" que evite que los cambios en las condiciones afecten a inversiones que ya han avanzado conforme a la normativa vigente.

El periodo de audiencia pública concluyó el pasado 10 de septiembre y el texto continúa en tramitación.

El proyecto establece nuevos requisitos para estas instalaciones en materias como eficiencia energética, consumo de agua y utilización de energías renovables.

Entre otras medidas, plantea que los centros de datos cubran una parte de su demanda eléctrica mediante nueva generación renovable y establece mecanismos de seguimiento del cumplimiento.

La Junta pide proteger los proyectos ya avanzados Uno de los principales puntos de las alegaciones de Castilla-La Mancha afecta a los proyectos que ya cuentan con permisos de acceso y conexión, pero todavía no están conectados a la red.

La Junta considera que estas inversiones no pueden quedar sometidas sin más a unas condiciones diferentes de aquellas con las que fueron diseñadas y comenzaron su tramitación.

Por eso reclama un régimen transitorio adaptado al grado de madurez de cada proyecto y garantías para las iniciativas que se encuentren en una fase avanzada.

En este apartado aparece el proyecto de Meta en Talavera de la Reina.

Padilla ha advertido de que la Junta no sostiene que la inversión esté paralizada o descartada, pero sí ha alertado de que el nuevo marco podría complicar su desarrollo al modificar las condiciones bajo las que se había planteado.

La portavoz ha defendido que quienes hayan iniciado una inversión siguiendo la normativa vigente deben contar con seguridad sobre las reglas que se aplicarán a su proyecto.

En el caso de iniciativas que se desarrollen por fases, Castilla-La Mancha plantea además que las nuevas exigencias se apliquen a la capacidad adicional de cada ampliación y no retroactivamente al conjunto de la instalación.