A 30 años de la Reforma Electoral que benefició a partidos, no a ciudadanos

Texto: Liza Luna En su toma de protesta como presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León dijo: “los mexicanos queremos una vida democrática a la altura de nuestra historia [...] sin embargo, los avances democráticos son aún insuficientes”.

A punto de cerrar el siglo XX y con una de las peores crisis económicas apretando el cuello de todos, los mexicanos acumularon 70 años bajo el régimen del Partido Revolucionario Institucional .

Robo de elecciones, gastos desmedidos, uso de instituciones para beneficio partidista, amenazas y mentiras destrozaron la esperanza democrática del electorado, pero para 1996 ya no podían hacerse de la vista gorda.

Lee también El día en que "se cayó el sistema" y ganó Salinas Desde que llegó al poder, Zedillo convocó a todos los partidos políticos a “participar con espíritu franco y resuelto en la democratización integral de nuestra nación” y así inició la preparación para la reforma electoral , un ejercicio que legitimó aspectos de las votaciones mexicanas, pero que también perpetuó mañas políticas para que algunos se mantuvieran en el poder.

Las principales fuerzas políticas encabezaron la reforma El reto estaba sobre la mesa: reformar el modelo electoral mexicano para que, por fin, se considerara democrático y legítimo .

Como presidente, Ernesto Zedillo podía enviar su propia propuesta de reforma al congreso para su evaluación y aprobación.

El PRI, como partido en el poder, también pudo imponer las modificaciones constitucionales que mejor le acomodaran, pero el objetivo era que la mayoría de las facciones políticas del país crearan un proyecto en conjunto y así restaurar la confianza popular en los procesos de votación.

Lee también El presidente de México que cantaba ópera (parte 1) El 17 de enero de 1995 se firmó el Acuerdo Político Nacional por la reforma electoral en Los Pinos, un trato convenido entre dirigentes de los cuatro partidos con representación en la Cámara de Diputados: del PRI, María de los Ángeles Moreno; por el PAN, Carlos Castillo Pedraza; PRD, Porfirio Muñoz Ledo; y del PT, Alberto Anaya.

Todos prometieron diálogo por la democracia y prontitud para tener lista una propuesta constitucional completa, pero “del dicho al hecho hay mucho trecho” y en diferentes etapas del proceso, tanto PRI, PAN, PRD y PT tuvieron fuertes desacuerdos .

Su forma de expresar alguna inconformidad era abandonando la discusión.

Para mediados de 1995 se instauró el Seminario del Castillo de Chapultepec , un espacio de discusión entre consejeros ciudadanos del entonces Instituto Federal Electoral, representantes de los partidos políticos, académicos y especialistas.