Violencia contra las mujeres en México: espera de hasta 8 años por una sentencia y justicia incompleta entre las fallas judiciales

La impunidad en los casos de violencia contra las mujeres en México no solo se sostiene cuando no hay denuncia, investigación o sentencia, pues también se reproduce cuando los procesos judiciales obligan a las víctimas y sus familias a esperar años , enfrentar audiencias suspendidas, probar una y otra vez el daño sufrido y atravesar decisiones que priorizan los derechos de los agresores sin ponderar los suyos.

En esos casos, de acuerdo con el informe Análisis de sentencias con perspectiva de género y derechos humanos.

Un estudio del desempeño judicial en casos de violencia contra niñas, jóvenes y mujeres , elaborado por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.

C. (IMDHD), una condena puede llegar, pero no necesariamente representa justicia .

El documento, producido en el marco del Proyecto para el Fortalecimiento de la Justicia Federal para los Derechos Humanos en México (FORTAJUS-DH), exhibe 20 procesos —19 penales y uno civil— acompañados por la organización y con sentencias emitidas entre 2022 y 2024.

El estudio aclara que su contenido y opiniones no reflejan necesariamente las posturas de esas instituciones.

La conclusión principal es contundente: el desempeño de las autoridades jurisdiccionales fue mayoritariamente “regular/malo” en los ocho rubros analizados.

No hubo un promedio de desempeño excelente en ninguno de ellos y los peores resultados se concentraron en la aplicación de normas de derechos humanos y en la reparación integral del daño.

Como resume el IMDHD, obtener una resolución favorable no borra las fallas previas : “el hecho de tener una sentencia condenatoria en casos de violencia contra niñas, jóvenes y mujeres, de ninguna forma garantiza que haya sido una sentencia con perspectiva de género o que el proceso haya estado apegado a los estándares y reglas en materia de derechos humanos”.

Procesos de años y audiencias suspendidas La demora es uno de los principales obstáculos identificados.

Los procedimientos revisados tardaron, en promedio, 3.6 años desde la denuncia hasta la sentencia.

Ningún caso concluyó antes de dos años.

Los más prolongados fueron el de Daniela S. , con siete años de espera, y los feminicidios de Fernanda S. y Fernanda C. , cuyos procesos tardaron ocho años desde los hechos hasta la resolución judicial.

El informe también retoma que, considerando los procesos acompañados por el IMDHD desde la investigación hasta la sentencia, el promedio de duración fue de siete años .