Habrá sanciones. La pregunta es cuántos y cuándo

Es cuestión de tiempo.

En los siguientes seis meses se incrementará dramáticamente el número de funcionarios, exfuncionarios, empresas, directores ejecutivos y familiares que serán sancionados por el gobierno de Estados Unidos por supuestos vínculos con organizaciones criminales que los vecinos consideran terroristas.

Las personas y empresas vinculadas con Morena serán prioridad para el gobierno estadounidense. ¿Esta estrategia forma parte de la injerencia política promovida desde la Casa Blanca para debilitar a uno de los pocos gobiernos de izquierda en el hemisferio? Indudablemente, ya que habría que imaginar que la relación bilateral sería diferente si México fuera gobernado por un presidente mexicano partidario de MAGA.

Pero el Talón de Aquiles de la Presidenta y del movimiento de la Cuarta Transformación es la estrategia de “abrazos, no balazos” de Andrés Manuel López Obrador.

Esta estrategia de seguridad, promovida por el expresidente de México, facilitó que aumentara aún más el control territorial de peligrosas organizaciones criminales, pero si permitió afianzar el control político de Morena.

Inicialmente hubo un debate sobre si los cárteles debían clasificarse como terroristas, pero nadie puede cuestionar la peligrosidad que representan estas organizaciones para la democracia y la integridad física de los mexicanos.

Estas organizaciones criminales prosperan y conviven con la clase política y empresarial en México, al punto de que los estadounidenses las consideran una amenaza para su seguridad nacional.

El gobierno de México podrá cuestionar a los vecinos por no asumir su corresponsabilidad en el consumo de estupefacientes y el tráfico de armas que fortalecen a los “terroristas” mexicanos.

Pero la realidad es que, si el día de mañana se legalizara el consumo de drogas o se redujera dramáticamente el tráfico de armas, no se resolvería la crisis de violencia, extorsiones y desapariciones en México.

El problema fundamental para la Presidenta Claudia Sheinbaum es el control territorial de las organizaciones criminales y su vínculo con la clase política a nivel local, estatal y, en algunos casos, con el gobierno federal.

En este momento no hay una estrategia clara sobre cómo el gobierno mexicano piensa romper, a largo plazo, este vínculo criminal con gobiernos y empresas.

En cambio, el gobierno de Trump tiene una estrategia con impacto a corto plazo: un esquema de sanciones mediante el cual el gobierno de Estados Unidos retira visas, congela cuentas bancarias en Estados Unidos y México, y corta el acceso al sistema financiero.

Hasta hace poco, funcionarios y empresarios se sentían intocables bajo el paraguas de protección de Morena y AMLO.