Democracia y violencia

Esta columna ha dicho que el breve periodo democrático de México terminó en 2024.

Aunque la elección de 2021 ya tuvo anormalidades, como la intervención de grupos criminales a favor de una fuerza política, todavía entonces las reglas aplicaban a todos.

Las fallas de ese año no se pueden atribuir a los órganos electorales, sino al Estado mismo.

En cambio, en 2024 ya no hubo equidad, hubo campañas adelantadas por más de dos años, intervención directa del presidente, uso de recursos públicos tanto para fingir una situación económica inexistente como para comprar votos, y nada de eso fue detenido o castigado por el INE.

Después de la elección, entre el INE y el TEPJF alteraron la voluntad popular y asignaron a Morena y aliados 20 puntos que no ganaron en las urnas.

A eso lo hemos llamado golpe de Estado.

Bueno, para 2027 el asunto será peor.

El INE ya está lleno de consejeros que trabajan para Morena, lo que ha resultado en el hostigamiento continuo a Somos México, que ha tenido que cambiar su nombre, logotipo y color; en la desaparición del filtro que impedía que los “siervos de la nación”, decenas de miles de personas con sueldo a cargo del erario dedicados a promover el voto por Morena, pudieran ser “observadores electorales”; en la negativa a impedir boletas planchadas (es decir, boletas que nunca fueron dobladas pero aparecen al interior de las urnas), además de la incapacidad para frenar las campañas adelantadas que ya están en proceso.

Como todo el movimiento, quienes ocupan hoy los órganos electorales son excluyentes, indisciplinados, voraces e incompetentes.

Actúan todo el tiempo para bloquear a la oposición e impulsar a Morena y aliados.

Su incompetencia los ha llevado a querer acallar no solo a los opositores, sino a cualquier ciudadano que decida criticar, burlarse o insultar al movimiento.

Algunas cosas se han detenido en otras instancias, pero esa incompetencia es una seria amenaza.

Vamos a tener un proceso electoral inmenso.

Se eligen 17 gobernadores, 500 diputados federales, pero también cerca de 2 mil alcaldes y otro tanto de diputados locales.