Tropa de EU en países de AL
El secretario de Defensa del presidente Donald Trump, Pete Hegseth, anunció la semana pasada que Abelardo de la Espriella, quien asumió la presidencia de Colombia este mes, había solicitado a Estados Unidos la realización de operaciones militares conjuntas contra grupos criminales en su territorio.
El alto funcionario estadounidense no dio detalles de las operaciones acordadas; no habló del número de efectivos involucrados, ni del establecimiento de bases militares estadounidenses y su permanencia en el tiempo; tampoco se refirió a la jurisdicción sobre soldados estadounidenses ante violaciones de derechos humanos ni a responsabilidades ante bajas entre la población civil.
Cómo pagará Colombia tales servicios es asunto de otra área del gobierno.
Hegseth también dijo que Guatemala y Honduras habían aceptado permitir esos operativos terrestres, aunque el gobierno guatemalteco de Bernardo Arévalo —progresista— negó explícitamente haber autorizado operaciones militares estadounidenses en su territorio; hay cooperación, precisó, lo que no significa autorizar ataques militares estadounidenses dentro de Guatemala.
En Ecuador se llevan a cabo esos operativos desde marzo pasado.
Durante varios lustros, el gobierno de Bogotá participó en el Plan Colombia con EU sin que produjera mejoras en seguridad pública o se redujera el cultivo de drogas; Colombia es hoy el primer productor mundial de cocaína.
La militarización en territorios de América Latina con el pretexto de combatir a los cárteles de la droga es una nueva fase de la campaña de Trump para afirmar lo que su «doctrina donroe» considera “el dominio estadounidense sobre el hemisferio occidental”.
La posición del gobierno de Claudia Sheinbaum usted la conoce: se ha negado persistentemente a autorizar o a solicitar la presencia de fuerzas militares estadounidenses en nuestro territorio; esa es la causa real de las mayores tensiones que vive su gobierno con el de EU.
No son las mercantiles ni la migración.
Sheinbaum con García Harfuch, han cooperado estrechamente con Washington en seguridad; el martes, por cierto, el director de la DEA, Terry Cole, hizo un reconocimiento de Harfuch como un “socio de confianza y buen amigo de EU”; subirán los bonos del secretario de Seguridad de aquí al 2030.
La resistencia de Sheinbaum a la creciente presión para que acceda a la intervención del ejército de Estados Unidos en la lucha contra los cárteles en territorio mexicano es lo mejor que puede hacer la presidenta; deja a Trump sin esa cobertura de legitimidad para hacerlo.
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