Comunidades indígenas de Michoacán anuncian toma de geotermoeléctrica Los Azufres por daños ambientales y a la salud

Comunidades indígenas de Michoacán anuncian la toma de la planta geotermoeléctrica Los Azufres , operada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) , como respuesta a la inacción de las autoridades, a quienes han denunciado daños ambientales y afectaciones a la salud que atribuyen a la operación de la planta.

La decisión surge tras el incumplimiento de acuerdos por parte de las autoridades federales y la negativa para realizar inspecciones técnicas con participación comunitaria.

El movimiento busca exigir la atención inmediata a lo que describen como una crisis ambiental que afecta a decenas de pueblos en la región.

A través de un comunicado publicado por el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, las comunidades anunciaron que la toma ocurre tras una serie de eventos en los que la CFE se negó a permitir el ingreso de autoridades y técnicos durante una inspección programada para el 19 de agosto.

Los asistentes que sí acudieron a la reunión, donde no se encontraban los titulares ni personal con facultades de decisión, desconocían los acuerdos previos y carecían de información sobre los problemas denunciados.

La ausencia de funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) fue señalada por la comunidad como una muestra de la falta de interés institucional en atender las demandas comunitarias.

Falta de estudios en comunidades y crisis sanitaria De acuerdo con los representantes indígenas, en los últimos quince informes de “impacto ambiental” presentados por la CFE entre 2020 y 2025, se omiten estudios de agua en los manantiales cercanos a la planta, ubicada entre los municipios de Ciudad Hidalgo y Zinapécuaro, Michoacán, y no se incluyen análisis de aire, suelos o cultivos en las comunidades colindantes.

Los documentos, afirman, solo contienen evaluaciones realizadas dentro de las propias instalaciones de la geotermoeléctrica, sin considerar los riesgos ni los efectos fuera del perímetro de la planta.

“¿Qué tipo de impacto ambiental se puede verificar en las comunidades, si no existen estudios por parte de la CFE , PROFEPA y SEMARNAT en ellas?”, cuestionan los pueblos originarios.

El reclamo central es que cientos de familias en la región enfrentan enfermedades crónicas renales que atribuyen a la contaminación generada por la planta, sin que existan diagnósticos independientes ni acciones de remediación.

Incumplimiento de acuerdos y señalamientos a autoridades Las comunidades recordaron que la subprocuradora de Inspección y Vigilancia Industrial de Profepa , Gabriela Ortiz Merino, se comprometió el 8 de abril a encabezar una inspección en menos de un mes para verificar puntos de riesgo ambiental con presencia de los pueblos.