Fallo clave: la Justicia puso en revisión la cautelar sobre Financiamiento Universitario
La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal le dio la razón al Ministerio de Capital Humano y ordenó que la justicia revise si la medida cautelar sobre financiamiento universitario sigue o no vigente.
El tribunal consideró que el Estado Nacional enfrentaba un perjuicio irreparable al verse obligado a cumplir una orden cuya vigencia está en disputa.
El Ministerio de Capital Humano , a través de la Secretaría de Educación y la asistencia legal de la Procuración del Tesoro de Sebastián Amerio, había reclamado ante la Cámara porque el juez de primera instancia le negó el derecho a apelar.
La causa de fondo es el amparo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras instituciones contra el Decreto 759/25 del Poder Ejecutivo Nacional, que recortó fondos universitarios.
“La vamos a seguir a muerte”, respondieron fuentes de primera línea del Ministerio de Capital Humano al ser consultados por el fallo judicial.
“La Justicia todavía no nos está sugiriendo ‘no cumplan con la cautelar’, pero lo que nos dice es que van a revisar si la tenemos que cumplir”, explicó uno de los principales patrocinadores legales del Gobierno.
La Cámara no resolvió si el Estado cumplió o no con la medida cautelar.
Lo que decidió, el 20 de octubre de 2026 , es más acotado: que el juez de primera instancia se equivocó al bloquear la apelación, y que esa apelación debe tramitarse.
La resolución fue firmada por los jueces José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán , quienes cubrieron dos vacantes en la Sala conforme a las acordadas 2/26 y 5/26 de la Cámara.
El Ministerio de Capital Humano argumentó que la medida cautelar original tenía un límite temporal expreso y que ese plazo ya había vencido.
Desde esa postura, continuar con la ejecución de la orden equivalía a extender artificialmente una tutela que había caducado.
El origen del conflicto El amparo fue impulsado por el CIN tras la sanción del Decreto 759/25, que modificó la distribución del financiamiento para las universidades nacionales.
El juzgado federal N° 11 dictó una medida cautelar que obligó al Estado a garantizar recursos mientras se resolvía el fondo del asunto.
La sentencia de primera instancia se dictó en el expediente principal.
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