Proceso electoral bajo sospecha

El jueves pasado dio inicio formal el Proceso Electoral que llevará a la jornada del 6 de junio del próximo año.

Formal, porque el real inició hace meses cuando los diferentes actores políticos, al margen de la ley y a la vista de las autoridades electorales, resolvieron desplegar actividades que caben en lo que la norma califica como “actos anticipados de campaña”.

Comenzó también con la renuncia, horas antes, de la titular de la Secretaría Ejecutiva, cuestión no menor, ya que en esa instancia recae la responsabilidad de coordinar y supervisar a la estructura operativa de la institución, y garantizar que la norma y los acuerdos del Consejo General se cumplan cabalmente para llevar a buen término los comicios.

Vale la pena analizar los hechos a la luz del concepto “Integridad Electoral”, utilizado internacionalmente para calificar la calidad de la democracia electoral, lo que bien puede traducirse en el nivel de confianza que los actores políticos y la ciudadanía tienen sobre la organización de las elecciones en las que participarán, lo que finalmente se traducirá en la aceptación de los resultados y en la legitimidad con la que iniciarán sus tareas los funcionarios electos.

Dado el espacio, me referiré a sólo dos variables de la Integridad Electoral: reglas y aplicación de las mismas.

He sostenido en múltiples ocasiones que contamos con una hiperregulación electoral producto de nuestra historia de desconfianzas.

Sin embargo, existen vacíos importantes que las autoridades en la materia han tenido que llenar para garantizar certeza y equidad.

El INE inició este proceso por lo menos con dos faltantes; uno, señalado por el consejero Arturo Castillo, tiene que ver con los actos anticipados de campaña.

En diversas sesiones se tocó el tema y recayó en el consejero Jorge Montaño la responsabilidad de presentar un proyecto al colegiado para frenar y regular esas actividades, cuestión que hasta la fecha no ha sucedido.

El daño ya está hecho y la norma ha sido violada a los ojos de todo el electorado que vemos a lo largo y ancho del país espectaculares bardas y múltiples eventos que no son otra cosa más que campañas, aunque se les pretenda disfrazar.

Otro faltante tiene que ver con lo que se ha denominado “cancha pareja” para hacer referencia a la equidad en la competencia política y garantizar lo que está estipulado en la Constitución, evitar el uso de recursos públicos y la tribuna que da una determinada función pública frente al electorado.

Lo que hemos visto en los últimos meses, además de la violación al calendario electoral, es el despliegue de una gran cantidad de recursos respecto de los cuales, al menos, debemos preguntarnos sobre su origen y la autoridad electoral debería estar tomando nota para proceder.