México cierra la puerta a inversiones de riesgo, pero el nuevo filtro de 49% deja rendijas

México dio un paso para vigilar con mayor rigor el capital extranjero que entra a sectores considerados sensibles para la seguridad nacional.

El Senado ya aprobó la reforma a la Ley de Inversión Extranjera que permitirá revisar, condicionar e incluso impedir determinadas adquisiciones.

Pero el nuevo filtro mantiene un umbral que especialistas consideran elevado: la revisión obligatoria se activa cuando un inversionista extranjero busca adquirir más de 49% de una empresa mexicana, frente a 25% o menos que se recomienda.

El porcentaje accionario no cuenta toda la historia.

Una participación minoritaria puede otorgar influencia sobre las decisiones de una compañía o acceso a tecnología e información sensible, sin necesidad de poseer la mayoría del capital.

Ese es uno de los argumentos del reporte Mexico’s Road to Investment Screening: FDI Trends, Regulatory Gaps, and Policy Recommendations , publicado por el Center for International Private Enterprise (CIPE), organización estadounidense dedicada al desarrollo del sector privado y al fortalecimiento de las instituciones económicas, y elaborado por especialistas del CELIS Institute, centro independiente con sede en Berlín especializado en revisión de inversiones extranjeras y seguridad económica.

El escrutinio obligatorio previsto en la reforma requiere tres condiciones simultáneas: que el inversionista extranjero pretenda adquirir, directa o indirectamente, más de 49% del capital de una sociedad mexicana; que sus activos superen el monto que determine la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE), y que opere en actividades sensibles.

Estas comprenden infraestructura estratégica, tecnologías críticas y productos de doble uso, insumos fundamentales y seguridad alimentaria, así como acceso o control de información sensible.

La Comisión podrá incorporar otras actividades análogas.

El reporte considera que el umbral mexicano es “excesivamente alto” frente a los niveles de entre 10% y 25% que utilizan distintas economías avanzadas.

Recomienda reducirlo a 25% o menos y añadir un criterio monetario; como ejemplo, plantea operaciones desde 5 millones de dólares, independientemente del porcentaje adquirido.

Bajo el diseño legislativo, una adquisición de 30% o 40% no activaría la revisión obligatoria únicamente por su porcentaje.

La reforma contempla una vía voluntaria para operaciones que no alcancen los umbrales.

La diferencia está en los derechos que acompañan a las acciones.