Seis prisiones… dos historias

Hablar de construir prisiones en México, en esta época, obliga a pensar mucho más allá que sólo en metros cúbicos de cemento y costos de varilla.

En la coyuntura de la presión política que ejerce el presidente Trump contra nuestro gobierno, cuando asegura que éste carece de la capacidad coercitiva para someter a la delincuencia, el anuncio hecho por el secretario García Harfuch la semana pasada puede llegar a evidenciar el interés y la atención que la administración de la presidenta Sheinbaum pone a la crítica de nuestros vecinos y, más allá de ello, la superación y el abandono —muy bienvenidos— de la era de los “abrazos, no balazos”.

Es verdad que la construcción de seis nuevos centros penitenciarios en Chiapas, Estado de México, Sinaloa, Sonora, Nayarit y Veracruz, para recibir a 18 mil 480 nuevos individuos procesados o sentenciados, podría calificarse como la demorada atención que esta administración concede a una necesidad operacional del sistema de ejecución de penas.

El hacinamiento en algunos centros del país ha provocado ya serias llamadas de atención de organismos y organizaciones dedicados a la defensa de los derechos humanos (a principios de este año había 259 mil 106 personas privadas de la libertad para 226 mil 922 espacios, y la población creció en unas 21 mil personas durante 2025).

Sin embargo, ¿cómo podría el anuncio desvincularse de lo que vive el país? El objetivo dibuja un nuevo rostro del gobierno en la atención de los graves problemas de seguridad e impunidad que todos hemos venido atravesando a lo largo de este siglo.

La gran pregunta tiene que ver con el modelo que habrá de observarse si es que el fenómeno del hacinamiento se quiere llevar más allá, al terreno del Estado de derecho: ¿asumirá la presidenta el estilo Bukele o, como sería de esperarse, construirá una estrategia Sheinbaum? En este segundo supuesto, el más probable, ¿qué características propias tendrá el proceso para remediar esos problemas de seguridad que nos ahogan? Bajo el régimen de excepción que El Salvador atraviesa desde marzo de 2022, su presidente logró reducir la tasa de homicidios a 1.3 por cada 100 mil habitantes en 2025, que contrasta con los 21.4 que registró México ese mismo año, según el INEGI.

Pero los salvadoreños han pagado un costo: a finales de 2025 había 118 mil 369 personas presas, lo que significa una tasa de encarcelamiento de mil 963 por cada 100 mil habitantes y un hacinamiento de 261% respecto de su capacidad, según el Instituto de Derechos Humanos de la UCA.

Organizaciones civiles han documentado, además, al menos 575 muertes bajo custodia del Estado.

Hace unos días, el presidente Bukele anunció un plan para liberar de manera anticipada y condicionada a cerca de la mitad de los presos de la guerra emprendida contra las pandillas.