Familiares de mineros de La Concordia denuncian omisiones de la Fiscalía y piden una audiencia de control

Los abogados de las familias de los 10 mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa , presentaron ante un juez adscrito al Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte una solicitud para fijar fecha y hora de una audiencia de control contra omisiones, negligencias y determinaciones del Ministerio Público en agravio de las víctimas.

La solicitud, encabezada por el abogado Odracir Espinoza , fue dada a conocer públicamente por las familias tras las detenciones recientes de presuntos responsables del secuestro y homicidio de los trabajadores, ocurrido el 23 de enero en el municipio sinaloense.

La solicitud de audiencia de control Las familias informaron que la petición busca que un juez federal revise las omisiones y negligencias que, a su juicio, ha cometido el Ministerio Público durante la investigación del caso.

La audiencia de control es el mecanismo judicial mediante el cual las víctimas pueden exigir que un juez revise el desempeño de la autoridad investigadora cuando consideran que existen fallas u omisiones en el proceso.

En el caso Concordia, las familias de los mineros recurrieron a esta vía ante la falta de información sobre los avances tras las últimas detenciones vinculadas al secuestro de sus familiares.

La petición se suma a los reclamos previos de la representación legal, que había solicitado a la FGR un informe sobre todas las detenciones relevantes realizadas en la zona desde el inicio de la investigación.

El reclamo a SSPC y FGR tras las detenciones La solicitud de audiencia de control se presentó después de que las autoridades informaran la detención de Jesús Abraham García Perales , alias “El Talibán”, y cuatro presuntos integrantes más de una célula delictiva vinculada a Los Chapitos , en los municipios de El Rosario y Mazatlán, Sinaloa .

Las familias pidieron a Omar García Harfuch , titular de la SSPC , y a Ernestina Godoy , fiscal general de la República, realizar un esfuerzo adicional para obtener testimonios de los detenidos que ayuden a esclarecer los hechos.

A ocho meses del secuestro y tras la detención de al menos 11 personas vinculadas al caso , según las propias autoridades, las familias consideran imposible que no exista mayor información sobre lo ocurrido el día del hecho, la intervención del grupo criminal y la responsabilidad de Vizsla Silver en la seguridad de sus trabajadores.

Los familiares reconocieron en comunicados anteriores las acciones realizadas por la SSPC, la FGR y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) .

Sin embargo, expresaron un reclamo puntual por la falta de información sobre los posibles testimonios de los detenidos.