¿Lula o Bolsonaro?

Brasil necesita combatir el crimen sin sacrificar las libertades, administrar sus recursos sin abandonar a los más vulnerables y proteger sus instituciones frente a la tentación autoritaria.

Como ya es costumbre en la compleja y conflictiva historia política de Brasil, el domingo 25 de octubre los votantes enfrentan una polémica elección presidencial entre Lula, un debilitado líder obrero de 80 años que busca su cuarto mandato, y Flavio Bolsonaro, hijo de un expresidente golpista, investigado por corrupción y respaldado por la extrema derecha latinoamericana.

Ambos candidatos coinciden en señalar la criminalidad como el principal problema del país, pero discrepan radicalmente sobre cómo combatirla.

Lula propone privilegiar la inteligencia, la cooperación institucional, la asfixia financiera del crimen organizado y la protección de los derechos, en lugar de recurrir exclusivamente al castigo.

Flavio plantea endurecer las penas, declarar narcoterroristas a los criminales, bloquear sus activos y recuperar territorios dominados por organizaciones delictivas.

Inspirado en el modelo salvadoreño, propone construir cinco cárceles federales de máxima seguridad y crear medio millón de plazas penitenciarias en cuatro años.

A mi juicio, ninguna propuesta garantiza una solución duradera.

El impacto inmediato de la política de Nayib Bukele en la seguridad pública es innegable, pero su sostenibilidad genera dudas por sus costos, el debilitamiento de las garantías democráticas y los límites del encarcelamiento masivo.

La propuesta de Lula no tiene plazo límite.

En cuanto al papel del Estado, Lula prioriza la democracia, la participación social y la reducción de las desigualdades.

Sus críticos advierten que el gasto público podría agravar el déficit, aumentar la inflación y desalentar la inversión privada.

Flavio defiende una agenda liberal conservadora centrada en la autonomía individual, la familia y el libre mercado.

Propone reducir el gasto y la burocracia y descentralizar funciones.

Sus críticos temen que los recortes debiliten la protección social y los servicios básicos, y que sus propuestas laborales favorezcan a los empleadores.