Rechazan consultas sobre iniciativa de ley indígena

Juchitán.— Representantes de al menos 19 comunidades de la región del Istmo de Tehuantepec manifestaron que están en desacuerdo con las consultas que promueve el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) relacionadas con la iniciativa del gobierno federal sobre la Ley General de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

Las asambleas de consulta anunciadas por el INPI, aseguraron, no cumplen con los estándares nacionales e internacionales de protección de los derechos de los pueblos indígenas, principalmente aquellos establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El 22 de agosto arrancan en Oaxaca las consultas regionales en diversas comunidades indígenas sobre la propuesta de ley de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el estado se tienen previstas 17 sedes para la realización de estas consultas, que incluyen a los pueblos afromexicano, amuzgo, chatino, chinanteco, chocholteco, chontal, cuicateco, ikoots o huave, ixcateco, mazateco, mixe, nahua, tacuate, triqui, zapoteco y zoque.

Sin embargo, las comunidades de San Miguel y Santa María Chimalapa han rechazado participar y ser sede de este proceso, bajo el argumento de que nunca fueron consultadas por el gobierno federal para este fin, y porque, a la fecha, el Estado mexicano no ha realizado ninguna acción para restituir sus tierras que fueron invadidas por personas procedentes del estado de Chiapas.

Las autoridades de los Chimalapas relataron que el mes pasado trabajadores del INPI les entregaron un cuadernillo donde se explica la propuesta de ley.

En ese momento, también se enteraron de que fueron elegidas como sede para la consulta del 22 de agosto, sin haberles consultado y sin el acuerdo de sus asambleas generales.

Por esa razón, explicaron que decidieron decir no a la consulta y ser sede para este proceso.

“Con esto reafirmamos que coincidimos con un número cada vez mayor de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, respecto al contenido de la propuesta de iniciativa de ley indígena”, agregaron.

Manifestaron que su verdadero interés es que la nueva legislación fortalezca efectivamente los derechos colectivos, territoriales, culturales, ambientales, económicos y políticos de los pueblos y comunidades indígenas.

“Exigimos respeto a nuestro derecho de autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas de México y del mundo, y reivindicamos nuestro derecho de decidir sobre aquello que afecte a nuestros territorios y nuestras formas de vida”, pronunciaron.