Comer mejor no debería ser un privilegio

¿Qué tanto podemos elegir qué comer cuando apenas nos alcanza para llegar a fin de mes? Frente a los anaqueles del supermercado, muchas decisiones no responden a preferencias personales, sino a la necesidad de hacer cuentas: qué rinde más, qué alcanza para toda la familia y qué podemos preparar después de una jornada de trabajo.

Este 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación , vale la pena comenzar por esa realidad.

Hablar de una alimentación saludable implica reconocer que no todas las personas tienen las mismas posibilidades de acceder a ella.

Porque comer mejor no depende únicamente de la voluntad individual, sino también del dinero disponible, el tiempo y las opciones que ofrece el entorno.

De acuerdo con el informe de Naciones Unidas sobre seguridad alimentaria , 2 mil 690 millones de personas no podían costear una alimentación saludable en 2025.

En América Latina y el Caribe, el 22.9 por ciento de la población enfrentó inseguridad alimentaria moderada o grave durante ese mismo año.

Detrás de estas cifras hay personas que deben reducir la cantidad o la calidad de lo que comen para hacer frente a otras necesidades básicas.

Desde hace más de diez años trabajo por los derechos de los animales y defiendo la posibilidad de alimentarnos sin recurrir a su explotación.

Sin embargo, también sé que esta conversación pierde sentido si ignora las condiciones materiales de quienes deben resolver cada día qué poner sobre la mesa.

No basta con señalar qué deberíamos comer: también hay que preguntarnos qué tan accesibles son las alternativas y qué cambios hacen falta para que estén al alcance de todas las personas.

Hay, además, otra pregunta que pocas veces aparece cuando hablamos del precio de los alimentos: ¿quién paga los costos que no vemos en el ticket del supermercado? La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estimó que los costos ocultos de los sistemas agroalimentarios de 156 países ascendían a 11.6 billones de dólares internacionales, calculados en paridad de poder adquisitivo de 2020.

Su informe de 2024 considera consecuencias sanitarias, ambientales y sociales que no siempre se reflejan en el precio final de los productos.

Es importante precisar que esta cifra corresponde al conjunto de los sistemas agroalimentarios, no exclusivamente a la producción de carne.

La dimensión de ese costo obliga a mirar más allá de lo que pagamos al comprar.