Abejas muertas y agua contaminada por plaguicidas: la lucha de 6 años de las comunidades mayas en Campeche que discutió la Corte

En el municipio de Hopelchén , en Campeche , la devastación de la selva maya y la contaminación del agua por plaguicidas culminaron en una resolución histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde se les reconoció el derecho a un medio ambiente sano, a agua limpia y a priorizar la salud.

El pasado 26 de agosto, el máximo tribunal concedió un amparo a las 17 comunidades mayas que llevaban meses pidiendo protección frente a la grave contaminación del agua por pesticidas provenientes de la producción agroindustrial que abarca la Península de Yucatán .

El fallo de la Corte reconoce que el agua de Hopelchén contiene residuos de plaguicidas en niveles peligrosos para la salud humana y el medio ambiente.

Las autoridades ambientales federales, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), están ahora obligadas a implementar medidas como el monitoreo permanente del agua y la garantía de acceso a agua limpia para las comunidades.

La sentencia incluye el monitoreo de todos los plaguicidas detectados, no solo glifosato, y exige la creación de un sistema de información ambiental abierto a la población.

Las comunidades mayas: años de lucha y denuncia ante la contaminación El municipio de Hopelchén, en Campeche , ha sido afectado por la producción agroindustrial desde hace varios años, la cual está destruyendo la selva maya y contaminando el gran acuífero que abarca toda la Península de Yucatán.

Así lo han establecido las comunidades y organizaciones medioambientales como Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA).

Desde hace varios años, las comunidades mayas de Hopelchén observaron la desaparición de abejas, el cambio en el sabor y color del agua, y alteraciones en la flora y fauna tradicionales.

Las familias detectaron mortandad de insectos y enfermedades inusuales entre las personas.

Ante la falta de respuesta oficial, encargaron análisis independientes que confirmaron la presencia de plaguicidas en pozos comunitarios, cenotes y en los organismos de los propios habitantes.

Las denuncias de los pobladores incluyeron la omisión de las autoridades para monitorear la calidad del agua y la ausencia de información pública sobre los riesgos ambientales.

Las comunidades acusaron que las autoridades ignoraron su derecho constitucional al acceso a agua suficiente, salubre y asequible, así como a la información ambiental.

Exigieron el cese de la contaminación y la reparación de los daños causados por el modelo agroindustrial.