¿Árbitro vendido? Cinco razones para no creerlo (ni creerme)

“Árbitro vendido” es la acusación más antigua del deporte y, cada vez con más frecuencia, de la política.

Quien pierde el partido, sospecha del silbato.

Cuando el árbitro es un tribunal electoral, la sospecha deja de ser un desahogo de tribuna y se convierte en un ataque al corazón de la democracia.

Uno de los males que acechan a las democracias es la desconfianza hacia el trabajo que realizan las instituciones electorales.

La desconfianza institucional es grave por sí misma porque merma el vínculo ciudadano con el servicio público.

Pero la dirigida a quienes tienen encomendada la tarea de administrar las elecciones y decidir el conflicto electoral es especialmente dañina, pues supone la erosión y la destrucción del propio sistema democrático.

Un discurso que alimenta la desconfianza afecta también a los ciudadanos en general porque los termina expulsando de las urnas, empobreciendo la participación política.

El mensaje nocivo es muy conocido: si no existe confianza en la democracia o en sus instituciones, y se instala la idea de que los resultados están dados de antemano en el juego electoral, entonces de nada sirve ir a votar y participar.

Escribo, además, desde adentro: soy magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral.

Por eso no les pido que me crean.

Les pido algo más incómodo: que no le crean a nadie sin revisar; ni a quien asegura que el tribunal está vendido, ni a quien lo defiende solo porque lo integra.

Por ello es fundamental atajar ese discurso ideologizado con diagnósticos serios, datos y hechos objetivos que, sin apasionamientos ni prejuicios, muestren qué función cumplen las instituciones y con qué resultados.

La confianza en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no tiene que descansar en simpatías por sus integrantes ni por el órgano, y mucho menos en actos de fe: puede medirse.

Ofrezco, al menos, cinco razones para confiar en él: 1.