La lucha de Sara contra el sistema de Nuevo León; le arrebataron a sus dos hijas y busca recuperarlas

Sara García Cuevas, madre a la que el sistema judicial de Nuevo León le ha arrebatado a sus dos hijas, denunció violencia institucional, omisiones de jueces y tráfico de influencias por parte del padre de las niñas, un empresario al que atribuye contactos políticos y económicos.

Mientras que a Sara le restringieron la convivencia con sus hijas sin existir ningún elemento de prueba que acreditara una supuesta violencia hacia ellas; las denuncias de ella no avanzan, se detienen, le cambian de ministerio público una y otra vez, todo, en beneficio del progenitor de sus hijas. “Seguiré en la lucha por mis hijas, yo solo quiero justicia”, dice.

El 14 de diciembre de 2023, Sara estaba en su casa en el estado de Nuevo León cuando elementos de Fuerza Civil del Estado, acompañados por un actuario judicial y una abogada, llegaron para ejecutar una orden que cambiaría su vida: debía abandonar su domicilio y separarse de sus dos hijas pequeñas.

Las niñas tenían entonces cuatro y cinco años. Una de ellas, Barbarita, tiene autismo.

Sara cuenta a VANGUARDIA que aquella noche no solo fue desalojada de su casa. También comenzó una cadena de decisiones judiciales y ministeriales que, casi tres años después, le impiden convivir libremente con sus hijas.

“Todo esto ha venido sólo por un dicho del señor, cuando a mí nunca me han comprobado nada”, sostiene.

La historia había comenzado meses antes. Sara relata que había sufrido violencia familiar, económica y sexual por parte del progenitor de sus hijas, Xavier “S”. Después de una agresión sexual, decidió separarse. Comenzó a permitir que él viera a las niñas únicamente durante periodos cortos y cerca de su domicilio.

Según su relato, el hombre es un empresario del sector de la construcción y el desarrollo urbano en Nuevo León, con relaciones en círculos políticos y empresariales. Sara afirma que recibió amenazas relacionadas con la posibilidad, inclusive, de perder a sus hijos adolescentes de un primer matrimonio, si terminaba la relación. “Me daba bastante miedo porque son personas que tienen muchos contactos”, menciona.

El 13 de diciembre de 2023 le pidió que pagara las colegiaturas que llevaban 3 meses pendientes. Al día siguiente, mientras ella estaba con sus hijas en una posada escolar, comenzó a recibir mensajes para que regresara a casa. Sara regresó porque el progenitor de sus hijas pasaría a hacer el trámite del pago de colegiaturas, pero siempre con la condición de que no entrara a la casa.

Sin embargo, él conservaba las llaves de la vivienda pese a que, según Sara, había dejado de vivir ahí meses atrás. Entró a la casa sin autorización.

“No me imaginé que él ya tenía todo planeado, con todo su plan malvado, entonces llegó diciéndome que si le podía hacer unos huevitos con jamón... solo quería hacer tiempo”.

Sara recuerda aquella noche como el momento en que el conflicto familiar se convirtió en un problema judicial.

Los elementos le informaron que existían órdenes de protección dictadas por el Juez Primero de lo familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, Javier Arturo Hurtado Leija.

El juez había ordenado que debía desalojar la casa.