El legado que Sheinbaum todavía puede construir

Si los primeros dos años del gobierno de Claudia Sheinbaum estuvieron determinados en buena medida por administrar la pesada herencia de Andrés Manuel López Obrador, los cuatro restantes tendrán que servir para algo mucho más trascendente: construir su propio legado.

La historia difícilmente juzgará a la primera mujer presidenta de México únicamente por las obras que inaugure, los programas sociales que mantenga o las elecciones que gane Morena, sino por su capacidad para corregir aquello que recibió, incluso cuando hacerlo implique romper definitivamente con decisiones, personajes y dogmas de su antecesor.

El tiempo de responsabilizar a la herencia como maldita comienza a agotarse.

A partir del tercer año, cada problema que permanezca sin solución será responsabilidad directa de Sheinbaum.

La precariedad de las finanzas públicas, Pemex, la insuficiencia de recursos para infraestructura, salud y educación, la inseguridad, las desapariciones, los apagones en extensas regiones del país, la debilidad del Estado de derecho, la deuda pública y la incertidumbre que frena nuevas inversiones ya no podrán cargarse indefinidamente a López Obrador o administraciones pasadas.

El primer gran reto será fiscal.

México necesita discutir seriamente una reforma que fortalezca los ingresos públicos sin convertirse simplemente en una maquinaria para cobrar más impuestos a los mismos contribuyentes.

La OCDE insiste en que el país requiere fortalecer sus ingresos, mejorar la calidad del gasto y construir espacio presupuestario para inversiones productivas.

Una reforma fiscal responsable tendría que ensanchar la base de contribuyentes, combatir realmente la informalidad, perseguir la evasión y el contrabando, revisar privilegios fiscales y, sobre todo, garantizar que cada peso adicional termine en infraestructura, salud, educación, seguridad y desarrollo.

Cobrar más para mantener un aparato gubernamental ineficiente sería políticamente suicida; recaudar mejor para construir un Estado capaz de cumplir sus obligaciones sería una reforma de Estado.

El segundo gran desafío está en el Poder Judicial.

A un año de la entrada en operación del nuevo modelo, persisten tensiones administrativas, cuestionamientos sobre su imparcialidad y problemas derivados de su reorganización.

Además, la incertidumbre institucional ya aparece entre los factores que inquietan a potenciales inversionistas.

Reuters reporta que las dudas sobre el futuro del T-MEC y sobre el sistema judicial están frenando nuevas inversiones, precisamente cuando México debería aprovechar como nunca su posición geográfica frente al mercado norteamericano.