‘Berrinche’ de Trump por Premio Nobel de la Paz: CPI rechaza sanción y alerta de ataque al orden jurídico
La Corte Penal Internacional (CPI) rechazó “firmemente” este viernes las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el tribunal como “institución” y advirtió de que la medida supone “un ataque al Estado de derecho” que busca “perturbar” su funcionamiento e “intimidar” a quienes trabajan en la CPI.
“Es un intento de obstaculizar el curso de la justicia y de impedir que la Corte haga aquello para lo que fue creada”, denunció la CPI, que recordó que el tribunal fue establecido mediante un tratado internacional y cuenta con 125 países miembros.
La Corte advirtió de que “nadie debería ser castigado por servir a la causa de la justicia” e instó a sus miembros a adoptar “medidas concretas” para garantizar que el tribunal pueda continuar operando, y vaticinó que “la historia juzgará este momento”.
La CPI dice que EEUU busca «intimidar» La institución considera que la decisión estadounidense busca «perturbar» su funcionamiento e «intimidar» tanto a quienes trabajan para ella como a quienes cooperan con sus investigaciones. «Las generaciones futuras y, sobre todo, las víctimas de atrocidades masivas preguntarán cómo respondimos cuando una institución creada para protegerlas fue atacada», concluyó.
Washington incluyó a la propia CPI en su régimen de sanciones , lo que se suma a las medidas impuestas hasta ahora contra 17 personas vinculadas a la institución, entre ellas jueces y fiscales. ¿Qué hace la CPI? La Corte investiga y juzga a individuos por genocidio , crímenes de lesa humanidad, de guerra y de agresión cuando tiene la jurisdicción que le otorga su tratado fundacional, el Estatuto de Roma. «La Corte seguirá cumpliendo plenamente su mandato, con independencia e imparcialidad, actuando únicamente sobre la base del derecho y de las pruebas, por el bien de las innumerables víctimas de crímenes graves», aseguró su presidenta, la jueza japonesa Tomoko Akane, una de las funcionarias de la CPI sancionadas por Trump .
Las medidas anunciadas por Washington implican, en principio, el bloqueo de bienes e intereses de la CPI en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos y empresas estadounidenses, así como restricciones a las transacciones con la institución.
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