Fábrica de mentiras
Tamaño embrollo en el que se encuentra la Fiscalía General de la República, donde el aseguramiento de una planta en Guanajuato con 59 millones de litros de combustible, que calificó como el contrabando de combustible “más grande en la historia”, está en el umbral de convertirse en un fiasco.
La FGR volvió a mostrar que es pésima para procurar la justicia, pero una sólida fábrica de mentiras.
En este momento ya no se sabe si esa operación fue un gran paso en falso, si hay algo de combustible robado en el producto que entregaron para su almacenamiento, si fue un distractor o un pretexto para golpear al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a quien los duros de la ‘4T’, y los ajenos, le ven alas de candidato presidencial.
Esta última acción de la FGR está llena de hoyos por todos lados y preguntas sin responder.
El anuncio del mega aseguramiento se hizo el pasado jueves 17, 13 días después de que las autoridades habían detenido una pipa en San Luis de la Paz.
Al no poder mostrar la trazabilidad del combustible, las autoridades llegaron a la planta de Gas Natural del Noroeste, inaugurada en 2017, donde había cargado la pipa, en San José Iturbide, Guanajuato, a unos 40 kilómetros de distancia.
Durante dos días las autoridades revisaron su documentación y se fueron sin clausurarla.
Cuando dos semanas después se hizo el sonoro anuncio de la FGR, el Grupo Simsa, al que pertenece la empresa operadora de la planta, aclaró tres cosas: que sus permisos están en regla, que ya proporcionaron la documentación a las autoridades y que no son dueñas del combustible, al que solo cuidan y almacenan para terceros.
El siguiente momento fue de pánico mediático.
La fiscal Ernestina Godoy ordenó el traslado del expediente de la delegación de la FGR en Guanajuato a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para indagar, informó, la trazabilidad fiscal del combustible.
Lo que hizo fue descalificar la actuación de Juan Francisco Vera Ayala, que fue designado a finales de enero pasado como el delegado de la FGR en Guanajuato.
El caso lo llevará ahora el titular de Delincuencia Organizada, César Oliveros Aparicio, que asumió esa fiscalía en diciembre de 2025.
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