Visa revocada no equivale a acusación, pero tampoco inocencia, dicen expertos; ¿qué implica que EU retire el permiso?
Durante la administración del presidente estadounidense Donald Trump , se les ha revocado la visa al menos a 50 políticos y funcionarios mexicanos, de acuerdo con Reuters.
Esto como parte de la estrategia del gobierno de los Estados Unidos contra organizaciones del crimen organizado y presuntos aliados políticos en México.
Andrés Manuel López Beltrán , exsecretario de Organización de Morena e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, hizo público el pasado 13 de agosto la revocación de su visa por parte del gobierno de los Estados Unidos, acción que calificó como un acto “sin justificación y de carácter político”.
Esta medida desencadenó una serie de reacciones donde la presidenta Claudia Sheinbaum ; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y otros funcionarios de Morena denunciaron el acto como una “campaña de señalamientos” y una “intromisión extranjera a la soberanía mexicana”, según un comunicado firmado por 24 gobernadores locales de Morena y aliados, donde respaldaron a López Beltrán.
Frente a esto, expertos advierten que el retiro de visas puede estar relacionado con una acción política, y que es distinta a una sanción penal formal.
Mientras que un juicio exige investigaciones y evidencias sustanciales, la cancelación de una visa opera bajo la discrecionalidad de las leyes migratorias de Estados Unidos, sin embargo, aclaran que esto no significa automáticamente la inocencia de ningún político.
Expertos en entrevista con EL UNIVERSAL califican esta medida hacia el ex secretario de organización como una “palanca de presión para obtener sus objetivos y enviar una advertencia”.
Lee también Se va Rocha otra vez; le duró el gusto un día ¿Cuál es la diferencia entre una sanción y un proceso judicial? Vanda Felbab-Brown , investigadora principal de política exterior en el Brookings Institution y experta en conflictos internacionales e internos y amenazas a la seguridad no tradicionales, explica en entrevista con EL UNIVERSAL que “revocar o denegar visas es un paso que queda muy por debajo de una acusación penal formal.
Para ello, debe haber evidencia mucho más sustancial: prueba de corrupción , colusión con grupos delictivos u otras violaciones graves a la ley”, asegura.
También en entrevista con este diario, Guadalupe Correa Cabrera , profesora y codirectora del Centro de Investigación sobre Corrupción, Redes y Crimen Transnacional de la escuela de política y gobierno de George Mason University, pone como ejemplo el contraste con el caso de Genaro García Luna : “Esto es algo bien diferente, porque en ese caso hay mucho material, evidencias, un proceso judicial, pero esto no es un proceso judicial.
Huele más a política”.
Por su parte, David A.
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