La familia de San Pedro que se enfrentó al poder de Camioneros y logró que estén por condenar a dos dirigentes que bloquearon su pyme

La vida de cada integrante de la familia Rey cambió para siempre esa madrugada del viernes 15 de febrero de 2021.

Todo cambió para Ricardo Rey, su esposa y sus hijos, Ariel y Gustavo, que trabajaban todos los días en la pyme familiar creada en 1989 en la ciudad bonaerense de San Pedro, cuando unos 15 activistas del Sindicato de Camioneros bloquearon el acceso de la empresa para impedir la entrada y salida de los vehículos. ¿Qué hicieron los Rey para merecer algo semejante? Trabajaban normalmente, pagaban sus impuestos, cumplían con sus 15 empleados e incluso, como otras empresas de la zona, habían aceptado pagar desde 2017 una “contribución” mensual al Sindicato de Camioneros de San Nicolás.

“Para trabajar en paz tienen que poner un sueldo por mes”, les advirtió el “recaudador” del gremio.

Y lo hicieron, pero no aceptaron encuadrar a su personal, afiliado a Comercio, al Sindicato de Camioneros de la zona, liderado por Maximiliano Cabaleyro.

Así se desató la ofensiva que paralizó la pyme familiar durante cinco días y le hizo perder más de 370 millones de pesos.

Podría haber sido una historia más de las tantas que sufren cientos de empresas en la Argentina como consecuencia de protestas sindicales extorsivas, pero en este caso algo fue distinto.

Los Rey decidieron hacer una denuncia penal, hubo miembros del Poder Judicial que cumplieron su tarea y todo terminó con dos dirigentes sindicales detenidos desde 2022 y que ahora afrontan un juicio oral y público en San Nicolás por los delitos de extorsión y turbación en concurso con coacción.

Cabaleyro -ex concejal del Frente de Todos- fue a prisión hace cuatro años junto con Fernando Espíndola , el otro representante de Camioneros, luego de que la jueza de Garantías de San Nicolás ordenó la detención de ambos como responsables de los bloqueos del sindicato a Distribuidora Rey para que sus 35 empleados pasaran a estar encuadrados en sus filas y dejaran de estar afiliados en Comercio.

Además, la Justicia encontró pruebas de pagos irregulares exigidos por los sindicalistas para dejar sin efecto la protesta.

En la causa judicial pudieron incorporarse videos, grabaciones, declaraciones testimoniales y hasta una caja de cartón con 500.000 pesos y dos cheques que recibieron en mano los dirigentes sindicales para garantizar la “paz social” y que, según la empresa, habrían probado el mecanismo de extorsión.

La semana pasada, los fiscales que llevan adelante la acusación solicitaron que se condene a Cabaleyro a 10 años de prisión efectiva por dos delitos de extorsión y otros dos de turbación en concurso con coacción.