Ven política fallida en juzgar a menores como adultos; expertos ven aumento de reincidencia en EU

Miami.— Cada vez que un adolescente comete un homicidio , una violación o un secuestro se enciende el debate sobre la posibilidad de juzgarlo como adulto y encerrarlo más tiempo.

Esa política promete seguridad y justicia para las víctimas , pero su resultado real se mide cuando el joven recupera la libertad y vuelve a la sociedad.

Décadas de experiencia en Estados Unidos muestran que las penas adultas a menores debilitan la educación, el tratamiento sicológico y la reinserción, y pueden elevar la reincidencia.

La mayoría de los adolescentes condenados recuperará su libertad y regresará a una familia, a un barrio y a un mercado laboral.

La política funciona cuando reduce la posibilidad de una nueva agresión después de ese regreso; la experiencia estadounidense muestra que “los tribunales para adultos pueden aumentar la reincidencia y dejar al joven con menos recursos legales, educativos y personales para abandonar la delincuencia ”, comenta la abogada Magdalena Medina a EL UNIVERSAL.

Lee también ¿Criminalizar o acompañar a menores que cometen delitos? En EU , los 50 estados y su capital federal disponen de algún mecanismo para procesar menores en tribunales penales ordinarios.

Las vías incluyen exclusiones automáticas establecidas por ley, transferencias autorizadas por jueces, acusaciones directas decididas por fiscales y reglas que conservan el tratamiento adulto para jóvenes procesados anteriormente bajo ese régimen.

Veintiocho estados y el Distrito de Columbia mantienen acción de traslado automático.

Estas normas pueden enviar un caso al tribunal adulto desde la formulación inicial de los cargos, antes de una evaluación completa sobre madurez, antecedentes, participación y capacidad de rehabilitación.

Una revisión realizada por e l Grupo de Trabajo sobre Servicios Preventivos Comunitarios y divulgada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) determinó que “la transferencia al sistema penal adulto generalmente aumenta, en vez de disminuir, la violencia entre los jóvenes transferidos”.

Los investigadores encontraron evidencia insuficiente para atribuir a estas leyes una reducción general de la violencia juvenil y recomendaron rechazarlas cuando su propósito sea prevenir delitos violentos.

Richard E.

Redding , sicólogo, abogado y especialista en justicia juvenil, examinó las leyes de transferencia para la Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia del Departamento de Justicia; concluyó que “la mayor parte de la evidencia empírica indica que las leyes de transferencia probablemente tienen poco efecto disuasorio general”.

Los estudios revisados registraron reincidencias mayores entre jóvenes procesados como adultos y adolescentes comparables atendidos por tribunales juveniles.