¿Subirá el predial?

El pasado 8 de septiembre, junto con el Paquete Económico 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral.

Algunos identificaron esta iniciativa como referencia a un aumento del predial.

Nada que ver.

Pasó casi inadvertida entre toda la información enviada al Congreso, pero toca uno de los impuestos con mayor potencial y menor aprovechamiento del sistema fiscal mexicano: el predial.

La ley, de 45 artículos, crea un Plan Nacional Catastral y un Plan Nacional Registral, una Plataforma Nacional Catastral administrada por la Agencia de Transformación Digital, una Clave Única Catastral para cada inmueble y una cédula que vincula esa clave con el folio real del Registro Público de la Propiedad.

Estados y municipios deberán adoptar la plataforma a más tardar el 31 de diciembre de 2026 y adecuar sus leyes en 180 días.

No habrá recursos federales adicionales: cada orden de gobierno pagará su parte.

Es el segundo intento: el Congreso tiene desde 2013 la facultad de expedir esa ley general y un primer proyecto se atoró en el Senado en 2021.

El problema que intenta resolver es esencialmente de información.

México tiene más de dos mil registros catastrales con niveles de desarrollo muy distintos, sin un identificador común y, en muchos casos, sin conexión con el registro de la propiedad.

La exposición de motivos de la iniciativa plantea que la actualización de valores, la incorporación de predios no inscritos y el pago digital ampliarán la base gravable sin crear ni modificar impuestos.

Lo que no plantea es una cifra: en las 26 páginas de la iniciativa no hay una sola estimación de cuánto se recauda hoy ni de cuánto podría recaudarse.

El diagnóstico requiere de información complementaria.

De acuerdo con la OCDE, México recauda por impuestos a la propiedad 0.3 por ciento del PIB, frente a 0.8 por ciento en promedio en América Latina y 1.7 por ciento en la OCDE.