Desaparición del INAI abre puerta a ocultamiento de bienes: SNA; “ya no se sostiene reservar información por seguridad”

Rafael Martínez Puón , único integrante del Comité de Participación Ciudadana ( CPC ) del Sistema Nacional Anticorrupción avalado por el Senado, afirma que parte de las consecuencias de la eliminación del Inai es que los comités de transparencia de las dependencias permitan a los servidores públicos ocultar sus declaraciones patrimoniales.

En entrevista con EL UNIVERSAL , Martínez Puón asegura que los comités de transparencia han avalado criterios que son inferiores a la Ley General de Responsabilidades y, por ello, el ocultar o reservar declaraciones no resulta una práctica legal.

“La ley más reciente, la de 2016, ya no establece la posibilidad de reservarlos y, por lo tanto, más allá de que pueda haber criterios inferiores a la ley, como decisiones entre los comités de transparencia, por ejemplo, esto no es procedente y da un pésimo mensaje en el marco de un gobierno [el anterior] que se ha caracterizado más por la opacidad que por la transparencia”, dice.

Rafael Martínez Puón detalló que en los casos que ha dado a conocer EL UNIVERSAL sobre la reserva de la declaración patrimonial de los titulares de Infonavit, Octavio Romero ; de Birmex, Carlos Ulloa , y el exsecretario de la Marina Rafael Ojeda, no se sostiene el factor de reserva por cuestiones de seguridad.

“Si seguimos el caminito va a pasar lo que ya es recurrente: mucha información se va a reservar por el tema de seguridad nacional, lo que, personalmente, me parece un argumento que ya no se sostiene.

Si el gobierno tiene el discurso de un talante democrático y el interés legítimo de que la información sea pública tampoco se entienden estas decisiones”, añadió.

Sin INAI, confusión del ciudadano y menos transparencia proactiva Otra consecuencia de haber exterminado al Inai se palpa en la Plataforma Nacional de Transparencia ( PNT ), hoy a cargo de Transparencia para el Pueblo: los sujetos obligados cada vez publican menos información que debería ser pública, lo que se conoce como transparencia proactiva.

A eso se suma, asegura Martínez Puón, la confusión institucional que ahora tienen los ciudadanos al momento de solicitar información o exigir que se cumplan dichas obligaciones de la transparencia proactiva .

“Teníamos una institución con reglas muy claras en cuanto a lo que le correspondía hacer, no sólo como órgano vigilante de que las normas de transparencia se cumplieran; además, si había una resistencia por parte de alguna institución pública —como los casos de las declaraciones—, pues el Inai tenía precisamente la encomienda de enviar un recurso de inconformidad o de revisión para que estas instituciones rectificaran y, en un porcentaje muy importante, así sucedía.