Hidalgo suma 19 casos de presunta tortura mientras México acumula más de 1,600 carpetas en el mismo periodo

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo abrió 19 carpetas de investigación por el delito de tortura en 12 de los 84 municipios de la entidad, entre enero y agosto de este año, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) .

Las carpetas se distribuyeron en localidades que van desde la capital del estado hasta municipios de la Sierra Alta y el Valle del Mezquital, lo que revela que la presunta práctica no se concentra en una sola zona geográfica.

Pachuca , capital hidalguense, acumula seis carpetas de investigación, la cifra más alta entre los municipios afectados.

Tulancingo le sigue con tres expedientes abiertos, mientras que los 10 municipios restantes —Ajacuba, Apan, Calnali, Ixmiquilpan, Mineral de la Reforma, Santiago Tulantepec, Tezontepec de Aldama, Tizayuca, Tula de Allende y Zacualtipán de Ángeles— registran al menos una carpeta cada uno.

La Procuraduría de Hidalgo abrió carpetas todos los meses entre enero y mayo de 2026 El ritmo de apertura de expedientes no fue uniforme a lo largo del periodo.

En enero se iniciaron tres carpetas; en febrero, otras tres; en marzo y abril, una por mes; en mayo se registró el pico más alto con cinco nuevas investigaciones; en julio se abrió una más y en agosto se sumaron otras cinco.

El total de 19 carpetas en Hidalgo forma parte de un universo nacional de 1.657 expedientes por tortura que las fiscalías estatales reportaron al SESNSP en el mismo lapso.

La cifra coloca al estado en una posición que, si bien no es la más grave del país en términos absolutos, sí evidencia que el delito se distribuye a lo largo de su territorio.

La Fiscalía Especial para Investigar Tortura en Hidalgo fue creada en abril de 2022 El 31 de marzo de 2022, la legislatura local aprobó con 24 votos a favor una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público que creó la Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos de Tortura.

El Decreto número 186 entró en vigor el 13 de abril de ese año y dotó a ese organismo de competencia específica para investigar los delitos previstos en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes.

Esa ley define que comete tortura el servidor público que, con el fin de obtener información o una confesión, como medio intimidatorio, como castigo personal o por razones de discriminación, cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona.

También incurre en el delito quien realice procedimientos médicos o científicos sin el consentimiento de la víctima, o quien anule su personalidad sin causarle dolor.

La norma extiende la responsabilidad penal a los particulares que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público.