La ilusión de la auditoría: Negociar la transparencia en el reino de la opacidad, por Edgar Cárdenas

El comunicado emitido este 12 de agosto, que anuncia la culminación del primer ciclo de conversaciones entre el Gobierno Nacional y la Asamblea Nacional 2015, intenta presentar como un logro institucional lo que debería ser el estándar mínimo de cualquier gestión pública: la promesa de transparencia, trazabilidad y auditoría en el manejo de los fondos destinados a la emergencia nacional.

El acuerdo compromete esfuerzos para liberar y ejecutar activos de reserva internacional en el Banco de Inglaterra tras la tragedia del doble terremoto del pasado 24 de junio.

Sin embargo, la brecha entre el documento firmado y su ejecución real plantea una interrogante que salpica a ambos lados de la mesa: ¿cómo se pretende garantizar la auditoría social de recursos públicos en un escenario donde la discrecionalidad y la falta de rendición de cuentas han sido la norma habitual? Por una parte, el Gobierno Nacional pretende suscribir cláusulas de trazabilidad mientras mantiene el bloqueo a portales informativos, el hostigamiento al periodismo y la negativa sistemática a rendir cuentas detalladas sobre el gasto de la nación.

Por la otra, la representación de la Asamblea Nacional de 2015 suscribe acuerdos de fiscalización en un contexto donde la ciudadanía también demanda mayor claridad y canales abiertos de información sobre la gestión de los activos en el exterior.

La transparencia no es un favor negociable ni una concesión táctica entre cúpulas políticas; es un derecho ciudadano consagrado.

Pretender que de este espacio surgirá un mecanismo pulcro de auditoría para los fondos de la reconstrucción es un simple ejercicio de retórica mientras persistan los bloqueos informativos a la prensa independiente, se excluya de los mecanismos de veeduría a la sociedad civil organizada y no exista un acceso libre a los datos del gasto público.

Lo propio ocurre con el anuncio sobre la transformación del sistema de justicia y la renovación del Tribunal Supremo de Justicia.

Sin la restitución inmediata de las garantías democráticas, el respeto a la libertad de expresión y el cese de la censura, cualquier reestructuración del aparato judicial corre el riesgo de convertirse en un mero reparto de cuotas o en un reordenamiento de fichas entre las partes negociadoras.

Los recursos destinados a atender la emergencia tras el sismo no pertenecen a las delegaciones que estampan su firma en el comunicado, sino a las víctimas de la crisis.

Pretender que habrá una auditoría efectiva sin garantías para que el periodismo investigue, pregunte y cuestione el destino de cada dólar es una ficción.