Mineros de El Callao denuncian presuntas extorsiones y trabas para operar en Bolívar

La Alianza Agrominera Mama Pancha, representada por su presidenta Yunices Barreto, solicitó la intervención urgente del Ejecutivo nacional ante las presuntas irregularidades administrativas y situaciones de hostigamiento que afectan a los trabajadores del corredor Nacupay, en El Callao .

Barreto denunció la supuesta existencia de una red de cobros ilícitos enquistada en despachos vinculados con el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico y la Corporación Venezolana de Minería (CVM) . De acuerdo con su testimonio, la tramitación de documentos indispensables para la actividad minera habría sido convertida en un mecanismo de extorsión económica .

La dirigente gremial aseveró que para otorgar el Registro Único Minero (RUM) se exigirían pagos irregulares que oscilan entre 10.000 y 25.000 dólares . En sus declaraciones señaló de forma expresa a Desire Hidalgo, asistente ministerial, y a otros funcionarios que estarían vinculados con estas exigencias extralegales .

A los supuestos cobros ilegales se añade un prolongado retraso administrativo que dificulta las faenas de la pequeña y mediana minería al sur de Bolívar . Barreto sostuvo que las autoridades mantienen un silencio que obstaculiza la regularización formal del gremio .

Según la representante, numerosos trabajadores acumulan hasta tres años a la espera de cartas de inicio de operaciones, actas de arrime, adendas contractuales y la inscripción definitiva en el RUM . Esta situación mantiene en la indefensión a cientos de productores que buscan operar dentro del marco legal vigente .

La afectación sobre las comunidades rebasó el ámbito de los despachos oficiales . Barreto denunció la presunta ejecución de incursiones intimidatorias a cargo de comisiones de la Guardia Nacional Bolivariana, la Dgcim y la Unidad Especial JEPAMO, cuyos funcionarios portarían armas largas e indumentaria con rostros cubiertos .

Asimismo, alertó sobre supuestas maniobras amparadas en la estructura de la disuelta Minervén para desalojar a mineros de áreas donde ya ejecutaron inversiones . Añadió que estas acciones han derivado en la sustracción indebida de arenas y material aurífero acopiado en los patios de trabajo .

La vocera relató que el amedrentamiento alcanzó al liderazgo de su organización, indicando que permaneció detenida durante siete meses junto con dos de sus hijos tras imputaciones por supuestos delitos ambientales . Según explicó, la causa fue posteriormente desestimada tras aclaratorias emanadas del propio despacho ambiental, lo que calificó como una instrumentalización del sistema penal para criminalizar a los mineros artesanales .

Barreto advirtió que la difusión de mensajes institucionales que muestran normalidad en redes sociales busca encubrir los atropellos que padece el sector en el estado Bolívar, e insistió en que el gobierno central debe investigar de manera exhaustiva el manejo interno de la actividad aurífera .