Cómo se convirtió Florida en el estado que más impone la pena de muerte en EEUU

27 de EEUU estados mantienen la pena de muerte en sus leyes, pero solo 10 han realizado ejecuciones en los últimos diez años | Foto referencial – Cortesía Getty Images Estados Unidos es el único país democrático occidental donde se mantiene la pena de muerte.

Por Guillermo D.

Olmo | BBC Mundo Y, como otros estados del sur, Florida ha sido uno de los tradicionalmente más apegados a esta forma de castigo.

Cuando en 1972 una histórica sentencia de la Corte Suprema concluyó que la pena de muerte se aplicaba arbitrariamente en perjuicio de la población negra y llevó a la suspensión de las ejecuciones en todo el país, Florida fue el primer estado que cambió sus leyes para poder reanudarlas.

Mientras que en las últimas décadas se ha ampliado la lista de los estados que dejaron de utilizarla como forma de impartir justicia, directamente aboliéndola o mediante moratorias en las ejecuciones, Florida ha pisado en los últimos dos años el acelerador.

“En esto Florida va contracorriente”, dice Maria DeLiberato, abogada especializada en defender a condenados a muerte en Florida y responsable del programa sobre la pena capital de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

Según la encuesta más reciente de Gallup sobre el tema (octubre de 2024), el 53% de los estadounidenses apoya la pena de muerte para personas condenadas por asesinato, el menor porcentaje en 50 años.

En 1994, el apoyo alcanzó un máximo del 80%.

27 estados mantienen la pena de muerte en sus leyes, pero solo 10 han realizado ejecuciones en los últimos diez años.

La lista en 2026 se reduce a 6.

Y ninguno muestra el celo ejecutor de Florida.

Según el Centro para la Información de la Pena de Muerte, el segundo estado que más ejecuciones ha consumado este año ha sido Texas, con cuatro, muy lejos de las 15 que lleva Florida.

“El gobernador tiene la total discreción de disponer si hay ejecuciones y cuándo”, explica DeLiberato.

La mayoría de los condenados suelen pasar años a la espera de que se resuelvan sus apelaciones y sin una fecha de ejecución.