Senado de Perú otorga a Keiko Fujimori poderes para legislar contra el crimen organizado
El Senado de Perú aprobó un proyecto de ley que permitirá a la presidenta, Keiko Fujimori, adoptar medidas contra el crimen organizado sin necesidad de someterlas a una nueva aprobación del Congreso.
Las facultades tendrán una vigencia de 90 días e incluyen también acciones para enfrentar el fenómeno climático El Niño.
La iniciativa recibió 35 votos a favor, 18 en contra y seis abstenciones, tras tres horas de debate.
El proyecto ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados, pero el Senado incorporó nuevas atribuciones relacionadas con el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana.
Entre las medidas autorizadas figura la intervención de los militares cuando la Policía considere superada su capacidad para combatir a las bandas criminales.
También podrán encargarse de la seguridad exterior de las cárceles de alta peligrosidad, desde donde, según las autoridades, se coordinan actividades delictivas.
La norma permitirá además reformar el sistema penitenciario, reforzar los controles migratorios y regular el uso de armas.
Asimismo, el Ejecutivo podrá crear un registro de organizaciones criminales que empleen prácticas asociadas al terrorismo o similares, con herramientas para investigarlas y perseguir su patrimonio.
La ampliación de las competencias militares ha generado preocupación entre sectores de la oposición, que advierten sobre posibles abusos y riesgos para los derechos fundamentales.
La senadora Ruth Luque pidió establecer límites a la intervención castrense en tareas de seguridad interna.
El experto en seguridad pública Arturo Huaytalla también alertó sobre el riesgo de que la participación militar, planteada como excepcional, termine normalizándose y desplace funciones propias de la Policía.
Perú atraviesa una grave crisis de seguridad, marcada por el aumento de los homicidios y las extorsiones.
Fujimori, quien asumió la Presidencia en julio, había prometido durante su campaña combatir la delincuencia con medidas de mano dura.
El proyecto también concede facultades al Gobierno para responder al fenómeno El Niño, ante la previsión de fuertes alteraciones climáticas.
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