Pasamos de un estado de miedo a uno de alerta: defensores de derechos humanos en Venezuela

El escenario político instalado en Venezuela tras los hechos del 3 de enero, bajo el tutelaje de la administración de Estados Unidos, modificó las condiciones de trabajo para las organizaciones defensoras de derechos humanos en el país.

Activistas consultados por Efecto Cocuyo coinciden en que existe mayor margen para acompañar a las víctimas, visibilizar denuncias en los medios de comunicación y retomar la vocería pública, pero advierten que estas libertades operan sin respaldo institucional mientras la estructura represiva y las leyes que criminalizan a la sociedad civil permanecen vigentes.

Para Marino Alvarado, defensor de derechos humanos y activista de la ONG Provea, la coyuntura actual abre un tiempo de oportunidad que se sustenta en tres aspectos: el primero es una baja en la represión, lo que facilita acompañar a las víctimas en sus reclamos de justicia y de derechos; una mayor libertad de expresión para poner estos temas en el debate público y los primeros cambios dentro de instituciones que durante años mantuvieron las puertas cerradas a las organizaciones.

“Hoy por lo menos esas instituciones empiezan a escuchar; habrá que ver si más allá de escuchar están dispuestas a poner en práctica las recomendaciones no solo del movimiento de derechos humanos, sino también del sistema internacional de protección”, dijo el activista en una entrevista con Efecto Cocuyo.

Alvarado explicó que muchas de estas agrupaciones de defensores de derechos humanos nunca dejaron de acompañar a las víctimas durante los picos represivos anteriores, pero sí se replegaron de la escena pública y ahora retoman su vocería.

Desde la ONG Caleidoscopio Humano, su coordinadora, Gabriela Buada, coincide en que la atención a los afectados, la documentación y la denuncia jamás cesaron durante la ola represiva que se extendió desde 2024 hasta diciembre de 2025 y el 3 de enero de 2026, aunque advierte que la apertura actual descansa sobre bases frágiles.

“El panorama es muy incierto, de piso falso.

Pasamos de un estado de miedo y de observación a un estado de alerta, porque la defensa de los derechos humanos se continúa haciendo con un poco más de libertades, pero sin garantías de que no puedan ser arrebatadas nuevamente”, explicó la defensora.

Buada señala que tras el 3 de enero el trabajo de su organización se reformuló para enfocarse con mayor fuerza en difundir las violaciones cometidas a lo largo de más de diez años en el país, aprovechando la apertura de los medios de comunicación y el acceso a conversaciones puntuales con figuras que representan a la administración actual.

Este cambio ha permitido incluso visibilizar casos de víctimas que antes del 3 de enero resultaba difícil exponer por el contexto político y social.