Con paso las bases deciden

La política venezolana padece una adicción crónica a las sentencias exprés y al canibalismo institucional.

Tras años de intervenciones judiciales para reasignar las siglas históricas de los partidos políticos, asoma ahora una propuesta tan alarmante como dañina: recurrir a una «rejudicialización» para deshacer el entuerto y devolver las tarjetas a sus antiguos directivos por la misma vía que se las quitaron.

El planteamiento, aunque intente disfrazarse de «reparación histórica», es un error político y estratégico de graves proporciones.

Pretender curar el veneno de la intervención judicial con más dosis del mismo veneno no es justicia; es perpetuar la muerte clínica de la democracia partidista en Venezuela.

El primer y más devastador efecto de esta ruta es la validación sumisa del peor precedente posible: la tutela judicial indefinida sobre la voluntad popular.

Si la oposición y la sociedad civil aceptan que una nueva sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es el mecanismo legítimo para otorgar la jefatura de una organización, están firmando un cheque en blanco al autoritarismo.

Convalidar este método es arrodillarse ante la premisa de que el Estado tiene el poder supremo de decidir quién existe y quién no, en la política nacional.

Hoy la balanza puede inclinarse hacia una facción despojada por razones de conveniencia en la Mesa de Diálogo, pero mañana, con un simple plumazo de la Sala Constitucional o Electoral, otra sentencia de conveniencia revertirá la medida.

El derecho consagrado en el artículo 67 de la Constitución, que exige con absoluta claridad que las autoridades partidistas deben ser electas por sus bases, queda reducido a cenizas si el TSJ sigue actuando como el gran elector y el supremo verdugo.

Esta aberración jurídica no ha distinguido colores ni ideologías, convirtiéndose en una guillotina institucional que ha pulverizado la confianza de los ciudadanos.

La lista de partidos víctimas de este atraco judicial es tan extensa como vergonzosa.

En el espectro opositor, siglas históricas y emergentes como Acción Democrática (AD), Copei, Voluntad Popular, Primero Justicia, Bandera Roja y el Movimiento Republicano vieron cómo sus símbolos, colores e historias eran entregados a juntas ad hoc complacientes.

Pero el monstruo de la judicialización también devoró a quienes osaron disentir desde las filas del propio oficialismo; agrupaciones históricas del Gran Polo Patriótico como el Partido Comunista de Venezuela (PCV), Patria Para Todos (PPT), Tupamaro y Podemos sufrieron idéntica intervención arbitraria.

El resultado está a la vista: tarjetas convertidas en «cascarones vacíos», mafias de oficina divorciadas de los militantes reales, que solo alimentan la abstención y el desprecio ciudadano hacia la ruta electoral.