Primer acuerdo de negociación genera debate entre un nuevo TSJ y la libertad de presos políticos

Diversas figuras políticas y organizaciones de la sociedad civil fijaron posición frente a los avances del primer ciclo de conversaciones entre la representación del oficialismo y la delegación de la Asamblea Nacional de 2015.

Los puntos centrales del debate giran en torno a la renovación total del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la gestión de recursos en el exterior y la urgencia de atender la situación de los presos políticos.

El exgobernador Henrique Capriles calificó la reestructuración del máximo tribunal como una oportunidad positiva para el ciudadano.

A su juicio, el país requiere una administración de justicia independiente, alejada del reparto partidista y comprometida con el respeto a la Constitución.

En esa misma línea, el diputado Lawrence Castro afirmó que las mesas de trabajo marcan el inicio de una transición ordenada hacia la reinstitucionalización y el restablecimiento de las garantías civiles.

La dirigencia de Un Nuevo Tiempo (UNT) respaldó la iniciativa al calificar como una «señal positiva» el acuerdo para renovar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La agrupación destacó que este proceso permitirá reactivar el Comité de Postulaciones Judiciales y conformar un Consejo de Revisión de Credenciales, al tiempo que insistió en la necesidad de acelerar la conformación de un nuevo Poder Electoral.

Por su parte, voceros de Voluntad Popular respaldaron las negociaciones pero fijaron matices en cuanto a su alcance.

Adriana Pichardo calificó los primeros avances como un «paso extraordinario» y adelantó que la organización actuará como «garante y guardián» del cumplimiento de lo acordado, subrayando la importancia de liberar recursos en el exterior para atender a las víctimas de la reciente emergencia sísmica.

En esa misma línea, Lester Toledo matizó que el proceso debe ser visto como una «negociación para la transición» cuyo fin último sea desmantelar el sistema judicial vigente, enfatizando además el rol clave del Gobierno de Estados Unidos como tutor directo y garante de la transparencia del acuerdo.

Por su parte, organizaciones defensoras de derechos humanos expresaron posturas encontradas sobre las prioridades fijadas en el documento final.

Las ONG Acceso a la Justicia y Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) valoraron el cambio de magistrados como un paso necesario para el Estado de derecho, pero lamentaron la ausencia de medidas inmediatas a favor de los detenidos por motivos políticos.

Desde la misma perspectiva, el abogado constitucionalista y preso político Perkins Rocha cuestionó que la solicitud para recuperar los activos financieros en el Banco de Inglaterra tuviera precedencia frente a la libertad de los ciudadanos privados de libertad.