La Voz silenciada: la burocracia tributaria como garrote contra la libertad de expresión, por Edgar Cárdenas

El cierre del diario La Voz no es una cifra más en la lista de agresiones a la prensa; es la confirmación de una estrategia calculada para liquidar los espacios de información independiente en el país.

Con seis décadas de trabajo ininterrumpido en Miranda, La Guaira y la Gran Caracas, el apagón de sus rotativas deja una herida directa en el derecho a saber de miles de ciudadanos.

El SENIAT y la censura de escritorio Lo ocurrido con este periódico no responde a un tropiezo empresarial ni a una fiscalización de rutina.

Se trata de la aplicación de la burocracia tributaria como un mecanismo de censura indirecta.

Bajo la fachada de revisiones fiscales o supuestas faltas administrativas, el SENIAT ha venido aplicando medidas desproporcionadas que incluyen cierres de varios meses, bloqueo de cuentas bancarias y la persecución judicial contra los directivos.

El Estado ya no necesita emitir una orden de clausura ni decretar la censura de forma explícita; le basta con ahogar la economía de los medios hasta volverlos inoperables.

Desiertos informativos y daño social Esta política de asfixia deja un saldo grave.

El primer golpe es laboral y humano: más de 50 trabajadores de la prensa perdieron su empleo y el sustento de sus familias de la noche a la mañana.

Pero el daño de fondo lo sufre la sociedad.

Sin prensa regional, la ciudadanía pierde su principal canal de denuncia ante el colapso de los servicios públicos, la arbitrariedad o la corrupción local.

El resultado es la expansión de los desiertos informativos: vastas regiones donde el silencio forzado de los medios le abre paso sin contrapeso a la propaganda oficial y a la desinformación.

Condición innegociable en el diálogo El acoso a la prensa no puede seguir abordándose como un problema menor o meramente gremial.

Es indispensable que en las mesas de diálogo entre el Gobierno y la Asamblea Nacional de 2015 se exija el cese de la persecución tributaria, la revisión inmediata del caso de La Voz y garantías reales para el ejercicio periodístico.

No se puede hablar de garantías democráticas mientras las instituciones del Estado funcionen como garrote contra la información libre.