Claves | OVP: al menos 7414 presos sobreviven en «cárceles paralelas» del CICPC

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció en su último informe que al menos 7414 personas privadas de libertad se mantienen recluidas en calabozos policiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), instalaciones destinadas originalmente para el resguardo temporal.

«Sin embargo, desde el año 2011, tras una circular emitida por Iris Varela, entonces ministra del Servicio Penitenciario, que limitaba los cupos en los centros penitenciarios y ordenaba solicitar autorización para el traslado de los aprehendidos, convirtió los calabozos en cárceles fijas que albergan a ciudadanos en condiciones infrahumanas, conviviendo con hacinamiento e insalubridad», informó el OVP en una nota de prensa .

Según la investigación del OVP, el promedio de reclusión dentro de las cárceles paralelas del CICPC son 615 días, equivalente a 1 año y 8 meses.

La encuesta reveló que una de cada tres personas recluidas en esas zonas lleva más de dos años detenida. La ONG también precisó que 4291 personas identificadas el (58 %) tiene más de un año detenida.

De acuerdo con el Código Orgánico Procesal, una persona en estos calabozos deberían estar 48 horas como máximo.

«Los funcionarios del Cicpc no cuentan con la formación profesional necesaria para ejercer funciones propias de la administración penitenciaria ni para asumir la custodia prolongada de las personas recluidas en sus instalaciones», denuncia el OVP en su informe. «La situación adquiere especial gravedad si se considera que estos espacios no fueron diseñados para albergar personas durante largos periodos [de tiempo]».

Al menos 157 dependencias policiales están funcionando como calabozos paralelos al sistema penitenciario, detalló el OVP.

De esta muestra, la ONG constató que la capital venezolana es la zona geográfica con mayor cantidad de personas privadas en calabozos del Cicpc: existen 1103 personas (14,88 % del total). Luego están los estados Zulia —con 864 u 11,65 %—, Miranda —con 733 o 9,89 %—, Carabobo —con 616 u 8,3 %— y Aragua —con 562 o 7,58 %—. Esas 5 entidades reúnen el 51 % de la población afectada directamente por la vulneración del Código del Proceso Penal.

«La dispersión territorial de la población detenida genera un problema adicional: dificulta la supervisión judicial, limita la capacidad de monitoreo independiente y reduce la transparencia institucional», se lee en el informe. «Mientras más fragmentada se encuentra la población privada de libertad, más complejo resulta documentar violaciones a los derechos humanos y exigir responsabilidades».

Los hallazgos del informe revelaron que la permanencia prolongada está vinculada al retardo procesal: 6518 personas (87,9 %) no tienen una sentencia firme para estar privadas de libertad. Por lo tanto, 9 de cada 10 personas están en esos calabozos esperando una decisión judicial.

«La cifra resulta incompatible con el carácter excepcional de la detención preventiva», lamentó la ONG. «Cuando una medida cautelar alcanza niveles cercanos al 90 % de la población recluida deja de funcionar como excepción y pasa a convertirse en regla.