La fuerza de la naturaleza y la fragilidad del Estado, por Carolina Elizalde Yulee

X: @Latinoamerica21 Los desastres naturales suelen medirse por su magnitud, el número de víctimas o el costo económico que dejan a su paso.

Sin embargo, también pueden analizarse como una prueba de la capacidad real del Estado.

Una emergencia revela qué riesgos fueron anticipados, qué instituciones existían antes de la crisis y qué tan preparado estaba un gobierno para responder y administrar con eficacia y transparencia los recursos extraordinarios de la reconstrucción.

Esto conduce a una pregunta esencial: ¿cuánto de un desastre natural es realmente «natural»? Un gobierno no puede impedir un terremoto, pero sí puede decidir dónde y cómo se construye, cuánto invierte en prevención o qué controles operarán cuando comiencen a movilizarse millones de dólares en ayuda.

El Marco de Sendai, como se conoce el documento internacional adoptado por países miembros de la ONU, parte de esa premisa al asignar al Estado un papel central en la comprensión, gobernanza y reducción del riesgo.

Ecuador, México, Haití y Chile permiten observar esta relación desde realidades institucionales distintas.

Sus experiencias muestran que los desastres también ponen a prueba si las prioridades y decisiones de un gobierno guardan relación con las vulnerabilidades del país que administra.

Ecuador: conocer el riesgo no significa estar preparado El terremoto de magnitud 7,8 que golpeó Ecuador en abril de 2016 dejó cientos de fallecidos, miles de heridos, decenas de miles de desplazados y graves daños en infraestructura educativa y de salud.

Las evaluaciones posteriores insistieron en fortalecer las normas de construcción, reforzar edificios vulnerables y evaluar la infraestructura crítica.

La reconstrucción abrió una segunda prueba institucional.

Años después, los organismos de control y la justicia ecuatoriana documentaron irregularidades y responsabilidades penales vinculadas al manejo de recursos destinados a la reconstrucción de Manabí.

Este caso expone dos vulnerabilidades: la de las edificaciones frente al terremoto y la de las instituciones frente a los recursos destinados a reconstruirlas.

La prevención no termina en la ingeniería.

Un Estado que conoce su exposición al riesgo debe proteger vidas e infraestructura, pero también evitar que la urgencia debilite los controles sobre el gasto público.