Consulta comunal arranca con cuentas pendientes por obras pasadas

Este domingo 18 de octubre se realiza la segunda consulta popular nacional y el oficialismo ha desplegado una estrategia de incentivos financieros y metas organizativas para movilizar a las comunidades.

El proceso prevé someter a votación más de 37.600 proyectos comunitarios a través de 5.418 circuitos comunales en todo el país, incorporando por primera vez a más de 120.000 juntas de condominio.

La convocatoria oficial contrasta con un escenario de escepticismo ciudadano, cuestionamientos sobre la asignación de recursos y un marcado descontento por las deficiencias en los servicios públicos locales.

Durante un encuentro nacional desarrollado en el teatro Cristo Rey, en la parroquia 23 de Enero de Caracas, las autoridades del Ejecutivo anunciaron nuevas directrices para dinamizar la participación.

Carmen Meléndez informó que los proyectos ganadores del primer y segundo lugar recibirán financiamiento directo , añadiendo incentivos presupuestarios específicos para los consejos comunales que alcancen los mayores índices de movilización en las urnas.

Esta directriz coincide con las exigencias de cuotas operativas impuestas en los territorios, donde estructuras locales como las de La Guaira fijaron metas de participación por calle, utilizando jornadas médicas y operativos casa por casa para contrarrestar la apatía.

Pese a ello, en el ámbito laboral y comunitario persisten posturas de distanciamiento.

Trabajadores de la administración pública y antiguos líderes de bases sociales reportan reticencia a participar ante la falta de soluciones efectivas para la crisis económica y el deterioro de la infraestructura urbana.

Entre el llamado institucional y las denuncias vecinales La brecha entre la narrativa institucional y la percepción de los habitantes ha quedado en evidencia en las plataformas digitales.

A través de transmisiones y videos informativos difundidos en redes sociales sobre la organización de los circuitos comunales, los hilos de comentarios reflejan un flujo constante de cuestionamientos formulados por ciudadanos de distintas regiones del país.

Mientras los voceros oficiales promueven el proceso como un mecanismo de autogobierno directo, las reacciones de los usuarios exponen malestar acumulado por la falta de respuesta institucional ante fallas en el suministro de agua potable, electricidad, gas doméstico y el servicio de aseo urbano.

Diversos comentarios señalan que la ejecución de obras comunitarias se ve afectada por demoras administrativas o por la ausencia de fiscalización en la distribución de los presupuestos asignados.